Por: Roberto Gutiérrez R. Departamento de Economía y Línea Economía Social de la Maestría y Doctorado en Estudios Sociales DCSH/UAM-Iztapalapa.
Es precisamente la volatilidad de los precios de los combustibles la que será letal para el INPC de una economía dependiente de las importaciones tanto de gas como de gasolinas
En 2017, como para prácticamente todos los años del siglo XXI, el gobierno federal presupuestó una variación acumulada anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de tres por ciento. Año tras año la meta fue ampliamente superada por el mercado, con excepción de 2015. El punto álgido fue 2017, en que el INPC llegó a 6.7 por ciento, 2.23 veces el valor pronosticado, lo que coincidió con la liberación adelantada de los precios de las gasolinas y el diésel de 2018 a 2017, así como con la elevación persistente, iniciada seis meses antes, de los precios del gas y la electricidad para uso industrial y de alto consumo residencial.
Así, mientras entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 el rubro de precios que más creció dentro del INPC fue el de derivados del petróleo y el carbón, con 23 por ciento, entre junio y diciembre de 2016 el precio de la generación y transmisión de energía eléctrica había sido el mayor, al aumentar 56.4 por ciento, como muestra la Gráfica 1, en la que aparecen los principales rubros de incidencia en la inflación. Con esto, en el periodo acumulado que va de junio de 2016 a la primera quincena de diciembre de 2017, la energía eléctrica subió 58.7 por ciento; los energéticos en general, 32.2 por ciento, y los derivados de petróleo y carbón, en que se incluyen las gasolinas y el diésel, casi 26 por ciento.
De la misma manera, y aunque no lo evidencia la gráfica, entre junio y diciembre de 2016 se registró un alza importante en el precio del gas natural importado, debido al aumento en el precio en el mercado spot Henry Hub de Luisiana del millón de British Termal Units (BTU), el cual pasó de 2.32 Dls. a inicios de junio, a 3.60 Dls. a fines del año. Paralelamente, el tipo de cambio peso/dólar se depreció 11.5 por ciento.
En conjunto, y atendiendo a los ponderadores reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la determinación del INPC en diciembre de 2016, la energía y los combustibles tienen una incidencia de 12.9 por ciento en dicho índice. Empero, en la práctica su poder es aún mayor, ya que por ejemplo entre 2007 y 2015, cuando la inflación promedio anual de largo plazo se estableció en cuatro por ciento, impulsada por el deslizamiento mensual de los precios de las gasolinas y el diésel, al menos un punto porcentual (25 por ciento de la variación del INPC) se sustentó en los incrementos a los energéticos. En lo que respecta al periodo junio 2016-primera quincena de diciembre de 2017, y como consecuencia principalmente de los aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel, el transporte aumentó 16.5 por ciento, y el alza en la electricidad incidió en un incremento en la molienda de granos y otras semillas de 10.7 por ciento, ambos niveles superiores al de la inflación acumulada.
Coincidentemente, y a partir de un nivel del salario mínimo muy bajo, cuya corrección tenía que hacerse en algún momento, se llevó a cabo un alza real en el periodo de 10 por ciento, no vista desde los años setenta del siglo pasado, la cual se logró a partir de tres aumentos nominales, que al acumularse ascendieron a 21 por ciento. Con esto, se dejó pendiente para posiblemente diciembre de 2018 un nuevo incremento, que deberá ser en ese momento de aproximadamente 15 por ciento, con el que dicha figura institucional se equiparará al costo personal de la canasta alimentaria y no alimentaria calculada por el Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Evidentemente la inflación tiene memoria, y varios de los principales agentes formadores de precios tienden a seguir aumentando durante 2018, en vez de retrotraerse, particularmente: los energéticos, el costo de la mano de obra, el transporte, la tasa de interés, el tipo de cambio y una serie de productos de consumo básico. A esto hay que agregar dos factores: la dependencia de México en los carburantes y el gas natural importados, que se vuelve más lesiva en periodos con muy bajas temperaturas, como la del invierno 2017-2018, y el sobrecalentamiento de la economía mexicana por razones electorales.
Debe notarse que a partir de mediados de 2016 las variaciones quincenales de precios consignadas en el INPC empezaron a ser más pronunciadas al alza que a la baja, llegando al extremo de la primera quincena de enero de 2017 en que, debido a la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, su nivel se ubicó en 1.5 por ciento, el más alto del siglo para un periodo similar, como muestra la línea discontinua de la Gráfica 2, que se lee en el eje derecho. Esta espiral no cede, y si no lo hizo durante la segunda mitad de 2017, como pronosticó el gobernador saliente del Banco de México, Agustín Carstens, menos lo hará durante 2018, cuando la autoridad reguladora buscará consolidar la liberalización de precios de los energéticos, no obstante que el mercado internacional de hidrocarburos podría volverse nuevamente de vendedores.
A partir del 1 de enero de 2018, además de registrarse incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel, desde luego no tan drásticos como los de un año antes, los industriales de la tortilla aplicaron aumentos generalizados a este producto en todo el país. En la Ciudad de México el incremento fue en promedio de 2.5 por ciento respecto a diciembre de 2017. Pero si se toma como referencia enero de 2017, el aumento fue de 14.6 por ciento (véase la línea continua de la Gráfica 3, que se lee en el eje derecho). La explicación recae en que los principales insumos de la industria, que son el maíz tortillero (no necesariamente el maíz amarillo de importación, cuyo precio se ha mantenido estable), el gas, la electricidad, el salario, la molienda y el transporte, tuvieron incrementos cuyo rango va de 7.5 por ciento en el caso de la molienda, a 22.9 por ciento en el de derivados del petróleo y el carbón, y hasta 35-40 por ciento en el del gas licuado. Un factor adicional, y no menos importante, es el congelamiento aplicado a los precios de ese producto entre 2013 y principios de 2017.
En una reunión de negociación entre el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, y los comerciantes de tortillas, celebrada el 5 de enero de 2018, se informó que estos desistirían de su intención de seguir pugnando por los incrementos promedio de 20 por ciento en el precio respecto al nivel de cierre de 2017, como habían manifestado originalmente. Aun así, la variación acumulada para la Cd. de México entre diciembre de 2013 y enero de 2018 es de 14.6 por ciento, inferior a la del INPC, que seguramente llegará a 17 por ciento cuando el INEGI reporte las cifras de inflación correspondientes a la primera quincena de 2018.
Es presumible que los comerciantes hayan hecho ver al subsecretario sobre el rezago histórico en el precio de la tortilla, además de que: a) el índice de precios productor a que se enfrentan es mucho más alto al promedio nacional, debido al tipo de maíz que insumen las tortillas; b) parte de éste es importado a precios en dólares; c) el aumento en los precios de los energéticos, particularmente el gas licuado; c) el incremento del salario mínimo, y d) la depreciación del capital, que indudablemente es muy alta en dicha industria. Los cálculos disponibles sobre el incremento ponderado de sus costos de producción entre 2017 y 2018 sitúan éste en 20 por ciento, lo que va de acuerdo con el aumento propuesto originalmente al precio final; y si se considera el rezago acumulado desde 2013, deberían agregarse 2.5 puntos porcentuales. Es decir que, no obstante su alta ponderación en la formación del INPC (1.8 por ciento), sólo superada individualmente por la gasolina de bajo octanaje (4.3 por ciento), la electricidad (2.1 por ciento), los refrescos (2.0 por ciento) y los automóviles (1.9 por ciento), los productores de tortillas -no necesariamente los comerciantes, como ya se vio- podrían tener argumentos para justificar, en ausencia de subsidios a la producción, un ajuste de 22.5 por ciento en el precio.
No obstante, la liberalización del mercado de la tortilla es muy dudosa, ya que por lo menos la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ejerce en él controles excepcionales, que entran en operación cuando fallan los mecanismos de convencimiento de la Secretaría de Economía (SE) y que consisten en la posibilidad de investigar a los productores de prácticas monopólicas y a los comerciantes de acordar entre ellos los precios. Esto por supuesto no sucede con los productores y distribuidores de las industrias eléctricas y de hidrocarburos, en que el órgano regulador no es la COFECE sino la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y hasta ahora ha sido omisa con las empresas privadas, sobre todo transnacionales.
De la misma manera, no es previsible que los precios de los energéticos dejen de ir a la alza durante 2018. Esto no sólo por razones cambiarias, sino por la recuperación de la economía mundial que, junto con el recrudecimiento del invierno al iniciarse 2018, además de la interrupción de los suministros por congelamiento de los ductos y otras contingencias en algunos países del hemisferio norte, ha llevado al crudo a situarse en los niveles más altos desde el inicio de su descenso, en julio de 2015. Así, el Brent llegó a casi 68 dólares por barril al cierre de la primera semana de 2018, 50 por ciento arriba del nivel observado seis meses antes. Por su parte, el precio del millón de BTU de gas natural en el mercado Henry Hub se situó el 5 de enero de 2018 en 6.24 dólares, 113 por ciento arriba del nivel que tenía a inicios de junio del año anterior y 69 por ciento más alto al precio observado al cierre de 2017.
Es precisamente la volatilidad de los precios de los energéticos la que será letal para el INPC de una economía dependiente de las importaciones tanto de gas como de gasolinas, diésel, turbosina y otros carburantes durante todo 2018, los cuales prácticamente han dejado de producirse en las refinerías de México. A ello se sumará un proceso electoral que privilegia el gasto corriente y que históricamente implica que en el último año de cada administración sexenal se exacerban las presiones inflacionarias. Si en 2017 la desviación entre la inflación presupuestada y la observada fue de 123 por ciento, en 2018 ésta podría llegar a 150 por ciento: un nuevo golpe a la credibilidad del gobierno federal.
La decisión de mantenimiento de altas importaciones de carburantes y gas natural, de ninguna manera basada en la capacidad instalada de Pemex, a la que cada vez se busca achicar más, orillándola a obtener financiamientos externos récord, sitúa al país en condiciones de vulnerabilidad similares a Venezuela. Y aunque en menor proporción el problema se observa en otras economías de la región latinoamericana autosuficientes o casi autosuficientes en materia energética, como Brasil, Argentina y Bolivia, es doloroso que en México este desequilibrio deba asociarse a un designio constitucional que privilegia al mercado frente a la seguridad energética y a decisiones de política económica en que el destino de los recursos públicos sigue manejándose de manera subrepticia.
