Esta semana arrancan las consultas solicitadas por Estados Unidos, en el marco del TMEC, por afectaciones a empresas con inversiones en el sector eléctrico mexicano. La Secretaría de Economía ha precisado que la política energética de México es responsabilidad de la de Energía (Sener); admite la suya ante el tratado, pero reconoce que sólo “es la voz”. Eso no es sorpresa, pero no por ello confirma que estamos ante una coyuntura sumamente preocupante.
La posición ideologizada y politizada que ha seguido la Sener, nada realista y práctica en términos energéticos, económicos, legales y de coherencia argumentativa y con los hechos, no da mucho espacio para el optimismo. Finalmente, su política y el descuido legal con el que se ha implementado es lo que nos ha llevado a este embrollo con riesgos de complicarse y derivar en enormes costos para el país.
Parece difícil que en esta fase de consultas se resuelvan las cosas. Desde el Gobierno de México, la postura y los argumentos no se basan en razonamientos jurídicos, sino ideológicos y retóricos. Probablemente sirvan para tener popularidad en algunos sectores, pero definitivamente no le ayudarán a México a ganar en el plano de las reglas del TMEC o en arbitrajes internacionales.
Así, parecería que los encargados del proceso desde el lado mexicano estarían resignados a ir a la siguiente fase, la de un panel, pues su margen de negociación se acerca a cero, dada la posición de intransigencia al máximo nivel, al parecer dispuesta a estirar la liga hasta donde alcance la tensión.
Las consultas pueden extenderse 45 días, para esperar una resolución del diferendo o la activación del panel de controversia, lo cual se definiría en la primera semana de octubre. En ese momento, ya estaríamos en un terreno donde las consecuencias serán en gran medida inevitables, con efectos a corto, mediano y largo plazos que pueden ser desastrosos para México. La posición de nuestro Gobierno está condenada a perder en el arbitraje, simplemente porque incumple con lo que ha firmado, y en esa etapa ya hay de por medio costos cuantificables, como compensaciones a empresas y represalias a través de aranceles, y peor aún, el riesgo de que el TMEC quedé muy debilitado, con riesgos existenciales.
En noviembre de este año ya estaríamos en la fase de designación de los integrantes del panel, para entrar, hacia diciembre, de lleno al proceso, con duración de máximo 150 días. Habría un informe preliminar, hacia abril de 2023, y luego, un periodo de 30 días para que se dicte el resultado final.
Para entonces, en México estaremos a un año de las elecciones federales del 2024 para renovar la presidencia, el Congreso y nueve entidades federativas, mientras que Estados Unidos tendrá una Cámara de Representantes con una composición que podría ser muy distinta a la actual, tras las elecciones en noviembre próximo, y a un año y medio de comicios presidenciales. Con esa agenda, lo más probable es que en ambos países viene más polarización y riesgos de escalamiento demagógico que lleve a posiciones extremas. Posturas que a muchos les parecen exageradas, pero un somero repaso del contexto político de nuestros países y a escala global sugiere no confiarse.
Hablar de un Mexit, no es algo descabellado. El solo hecho de que se mencione, ya es preocupante. Sea que se empuje desde México, voluntaria o involuntariamente, por una apuesta irresponsable motivada por la política electoral interna; o porque en Estados Unidos resurjan las posiciones contrarias a la asociación económica con nuestro país, como un recurso electoral útil para las campañas. Tal como lo usó el ex Presidente Donald Trump, y le ayudó a ganar en varios estados con problemas de desindustrialización y desempleo. Recordemos cómo pedía acabar con el TLCAN, que conceptuaba como el peor tratado comercial de la historia.
Se dice que los costos para los estadounidenses en términos de exportaciones y empleos, en particular en estados donde la relación con México es fundamental, es un elemento disuasorio de blindaje del TMEC. Lo mismo que el riesgo de una desestabilización económica, política y social aguda en el país vecino. Igualmente, se señala que en el Gobierno de México debe haber una reserva de responsabilidad para no llevar las cosas hasta un extremo que pueda provocar una crisis y un desastre económico profundo, tomando en cuenta que 80% de las exportaciones mexicanas va a Estados Unidos, lo que equivale a aproximadamente 37% de nuestro PIB.
La economía estadounidense es mucho menos dependiente al TMEC que la nuestra. Para nosotros, el comercio exterior representa más del 70%; para ellos, menos de 30 por ciento. Por poner un símil, sería como si ellos salen con varios moretones, pero nosotros nos quedamos sin una pierna o un brazo… todo para que un grupo de políticos imponga una manera de ver las cosas propia de los años 70, allá o aquí.
Es la idea de que los políticos, a pesar de toda la retórica y los desplantes, no se darán un balazo en el pie. Pero lo mismo se decía en el caso del Brexit o de la candidatura de Trump. Estos no son tiempos de responsabilidad y equilibrios. Sobre todo, quienes pueden llevarnos a una crisis financiera y a un seguro deterioro económico de largo alcance, cuyas peores consecuencias para la población se harán sentir a mediano y largo plazos, tal vez ya no estarán en la escena para entonces ni pagarán los platos rotos. La ciudadanía y el sector empresarial deben hablar claro y fuerte para evitarlo.
