En el marco de la demanda de Estados Unidos y Canadá de asegurar el suministro de minerales críticos indispensables para actividades claves como la transición energética, electromovilidad, la industria digital y la seguridad, se han dado a conocer dos Planes, el Acción sobre minerales críticos y el de minería, que detonan la alerta de académicos, ambientalistas y defensores del territorio contra el extractivismo, por los riesgos socioambientales que impliquen, en un contexto de tensiones que se atendieron durante el anterior sexenio con la reforma a la ley minera, la detención de las concesiones mineras en el país, así como el éxito jurídico de pueblos originarios que lograron la cancelación de concesiones de miles de hectáreas destinadas a esta actividad.
Esta redirección de la autoridad federal en el tema, evidencia el reposicionamiento de la dimensión y lógica económica bajo el discurso de las virtudes y ganancia obtenidas por el fortalecimiento de la integración económica, la promoción de la inversión y la cooperación con EUA y Canadá, pese a los innumerables argumentos proporcionados a lo largo de la historia por organizaciones y movimientos contra la minería, por sus diversa consecuencias en la dimensión ambiental, cultural, económica, política y cultural de los territorios en los que se desarrolla, los cuales sin dudarlo reconocen como zonas de sacrificio.
Estos planes deben analizarse a la luz de la realidad socioambiental mexicana. La minería ha sido históricamente un detonante de conflictos por el acceso al agua, la contaminación de suelos, la afectación a territorios indígenas y campesinos y la fragmentación del tejido comunitario. Diversos informes de organizaciones civiles y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentan que un número significativo de conflictos socioambientales en el país está vinculado a proyectos extractivos.
Es previsible que ambos planes, bajo la demanda de minerales necesarios para actividades esenciales de EUA y Canadá (litio, cobre, plata, zinc, plomo, molibdeno y manganeso, gratito y tierras raras) se expanda la minería asociada a estos minerales, en un contexto en donde no hay un reglamento para le ley minera en México, de limbos en el marco de dos leyes que regulan el agua, del cuestionamiento de los procesos de consulta libre, previa e informada, del debate sobre el desarrollo de los procesos de evaluación de impacto ambiental, los conflictos socioambientales se incrementen, pero también, que existan presiones por flexibilizar los marcos regulatorios de las actividades mineras.
Esto sería un retroceso ante los avances de la movilización por la defensa del territorio y contra la minería en México, pero también de las acciones gubernamentales anunciadas recientemente, como la recuperación de 1125 concesiones mineras, la nacionalización del litio, que no se desarrollaran actividades mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANPs), o la elaboración del Plan de Justicia para el río Sonora, después de que fue contaminado con sulfato de cobre por Grupo México hace diez años.
Particular énfasis deberá tenerse ante la situación de gravedad que enfrentan las personas defensoras del territorio. México se encuentra y mantiene, al menos desde el último lustro, como uno de los países con mayores agresiones a ambientalistas, pueblos originarios, sacerdotes y abogados ligados a la defensa ambiental. Especial preocupación se tiene con aquellos que lo hacen frente a la minería, principal detonante de conflictos socioambientales, actividad que se considera de alto riesgo pues 40% de los casos de defensores ambientales asesinados son aquellos que defienden sus territorios del despojo, contaminación y violencia generados por esta actividad.
De los más afectados están las comunidades originarias y dentro de éstas, las mujeres que defienden sus bosques, agua, biodiversidad, cultura, tradiciones, formas de vida, ante proyectos que trastocan todas las dimensiones de su vida individual y colectiva. Para las mujeres de los pueblos originarios, la defensa del territorio implica su posibilidad de reproducción cultural espiritual y comunitaria y por tanto enfrentan varias capas de violencia: como mujeres, como opositoras a proyectos extractivos y por su condición étnica. Esto se traduce no sólo en cargas adicionales de trabajo familiar y comunitario de cuidado, sino en la difamación que cuestiona su liderazgo comunitario, agresiones y en casos extremos acoso y violencia sexual.
Por ello, cualquier iniciativa gubernamental debe incluir el enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad como eje transversal. El reto de la transición energética es que, bajo un discurso del cuidado ambiental, se repita la historia de despojo y muerte en Sur global. En la academia ya se habla de que estas lógicas están impulsando la neocolonización por el litio, los metales raros o incluso los bosques.
La transición energética que se busca garantizar con estos planes debe ser justa, no puede ocurrir a costa de la destrucción de territorios ni comunidades. El “desarrollo” y “progreso” no puede construirse a costa de la salud, la tierra, el agua, los bosques, la vida de las comunidades o comprometiendo la vida de las generaciones futuras humanas o no humanas.
Debemos actuar con cautela y con responsabilidad hacia quienes vienen después, ante la posibilidad de que una actividad cause daños graves o irreversibles y no exista una certeza científica absoluta. No podemos justificar la destrucción del planeta por falta de información, debemos actuar bajo principios de precaución.
Nota.
La autora es académica de formación interdisciplinaria. con estudios de maestría y doctorado en el Colegio de Postgraduados campus Puebla. Bióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente, es directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ de la IBERO Puebla.
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