El miércoles 6 de abril se llevó a cabo una mesa de diálogo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, en la que participaron expertos invitados por los diferentes grupos parlamentarios. El evento fue presidido por el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y moderado por el diputado Carlos Enrique Martínez Aké, coordinador del “Grupo de Trabajo de Hidrocarburos”.
Manuel Rodríguez, miembro del grupo parlamentario de Morena, aseguró que el objetivo de la reforma se centra en el almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos; recalcó que “la exploración y producción no son objeto” de la iniciativa presidencial, por lo que aseguró que los contratos petroleros no se verán afectados en caso de que la reforma sea aprobada.
Asimismo, destacó que otro de los puntos clave se refiere al combate del robo de hidrocarburos, o “huachicol”, así como el huachicol fiscal; es decir, el combustible que, al ser importado, no pagó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con la comparecencia de la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), uno de los grandes retos que enfrenta dicho organismo es el contrabando de combustible, lo que ha provocado, en lo que va del año, una afectación en la recaudación de 23 mil millones de pesos.
Por tal motivo, aseguró el diputado Manuel Rodríguez, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) deben tener facultades para revocar permisos cuando los titulares de los mismos incurran en el delito antes mencionado.
Los expertos alzan la voz
Durante su participación, la maestra Rosanety Barrios Beltrán, consultora independiente en el sector energético, aseguró que gran parte de los elementos puestos a modificación, existen ya en la Ley de Hidrocarburos y no hay necesidad de reformarla.
Cuando se refirió a la revocación de permisos, explicó que la CRE ya cuenta con esa facultad, y puede llevarse a cabo si emite una resolución en donde motive y fundamente su decisión. “Hay que preguntar a la CRE por qué no se ha cumplido”, sugirió.
La actual Ley de Hidrocarburos permite ver que, antes de revocar un permiso, es necesario cumplir un procedimiento. Rosanety Rosanety explicó que ninguna autoridad en el sector podría, “aunque quisiera”, determinar un delito en materia de robo de combustible o de evasión fiscal, ya que esto le corresponde a otra institución: “intervenir el procedimiento legal, declarar el delito, establecer la responsabilidad para que entonces sí, proceda lo correspondiente”, afirmó.
En diversas ocasiones, desde que la reforma a la Ley de Hidrocarburos fue presentada, expertos y analistas del sector sugirieron que se podría incurrir en una expropiación. Ante esto, Barrios Beltrán aseguró que es necesario una mayor claridad “para no caer en incertidumbre y amenaza sin contemplación”.
“En esta modificación se omiten elementos fundamentales de certeza legal, así como está redactado hay una discrecionalidad gigante que amenaza contra la seguridad de los intereses del particular. Creo que esa no es la intención. Genera incertidumbre jurídica, no solo para el nuevo, sino para el que desde hace 20 años está invirtiendo en México en materia energética”.
Sobre el tema de importación, Rosanety Barrios recordó que no existe una ley como tal; sin embargo, hay una política establecida por la Sener, misma que, lamentó, disminuyó la obligación para capacidad de 11 a cinco días.
Por otra parte, la maestra Abril Moreno, vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y Socia Directora de Perceptia21 Energía; expuso puntos relevantes sobre las modificaciones presentadas a la Ley de Hidrocarburos.
Como impactos de la reforma, podrían surgir barreras que limiten la libre competencia, pérdida de confianza en inversiones y hasta una parálisis del sector de los hidrocarburos. Asimismo, destacó que las suspensiones y revocaciones de los permisos “implican un riesgo de discrecionales, derivado de una falta de procedimientos claros y temporalidad definida”, lo que finalmente derivaría en corrupción.
Como respuesta a las posibles agravantes, Abril Moreno sugirió ajustar la propuesta de iniciativa de reforma al marco Constitucional; modificar la redacción en el artículo 59 Bis; que las suspensiones sean declaradas por la autoridad competente para minimizar riesgo (Consejo de Seguridad Nacional y Secretaría de Hacienda y Crédito Público); y que los motivos de las suspensiones temporales o definitivas de un permiso sean sustentados, fundamentados y justificados.
De igual forma, que la autoridad establezca claramente las condiciones a cumplir para finalizar la suspensión; que esta no se extienda por más tiempo que el estrictamente necesario para contener las amenazas, y que la suspensión definitiva se de únicamente por incumplimiento de las obligaciones o realización de actos ilícitos, “previo laudo del poder judicial”.
En ambas participaciones, los expertos coincidieron en que el combate al robo de combustibles no está a debate. Sin embargo, es necesario brindar certeza a través de la modificación a la Ley de Hidrocarburos, para evitar ahuyentar inversiones e incumplir con acuerdos internacionales. Asimismo, consideraron necesaria la revisión de la estructura de las modificaciones, hacerla más específica para evitar interpretaciones ambiguas.
