Por Santiago F. Arroyo Seguedo*
Los reguladores en materia energética, en los últimos 5 años, han tomado un papel protagónico en acciones de verificación y contenciosas, incluso se ha catalogado por parte de especialistas jurídicos, como una estrategia de ‘lawfare’ o ‘guerra legal’ en contra de las empresas privadas del sector energético.
En este 2024, estaremos a 12 años de la entrada en vigor de la Reforma Energética y a escasos 6 meses de que se cierre este capítulo sexenal del Gobierno Federal, indicios inequívocos de que la criticada reforma constitucional llegó para quedarse indefinidamente, sirviendo ahora de base para mejoras sustanciales que ayuden a las autoridades a adaptarse a las necesidades de una industria cambiante.
Es dentro de este contexto, que se ha mencionado de manera constante en medios de comunicación, que los órganos reguladores en materia energética, en los últimos 5 años, han tomado un papel protagónico en acciones de verificación y contenciosas, incluso se ha catalogado por parte de especialistas jurídicos, como una estrategia de “lawfare” o “guerra legal” en contra de las empresas privadas del sector energético, especialmente en los segmentos de petrolíferos (gasolinas, diésel y gas lp). Esto, partiendo de la base de un prejuicio de que las empresas privadas no cumplen con las normatividades ni con su compromiso con los consumidores, al grado de que Rocío Nahle, ex secretaria de energía, reiteraba su intención de “poner orden” en el sector energético del país.
Ahora, vamos a revisar algunos datos; la Comisión Reguladora de Energía (CRE), según sus informes de labores, entre el 2020 y 2023, reflejan más de 1,200 visitas de supervisión a regulados de petrolíferos, con más de 1,700 acciones de inmovilización o clausura de instalaciones y casi 700 procedimientos de sanción; asimismo, la Comisión se ha envuelto en más de 109 mil asuntos contenciosos (litigios), de los cuales aproximadamente 5,100 son juicios de amparo, con resultados poco favorables a la CRE, señalando que la verificación y sanción ha aumentado casi un 900% en comparación con los informes anteriores a 2019. A esto le sumamos que, en las actividades de emisión de normatividad ha sido escaza y direccionada al fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, lo que en consecuencia, se deriva en el aumento de las controversias legales por vulneración a derechos de concurrencia y competencia.
Contrastando, en el periodo de 2013 a 2019 la CRE reportó más de dos millares de actividades académicas y de vinculación con organismos empresariales del sector, tanto nacionales como internacionales, teniendo una labor más de acercamiento con los distintos participantes del mercado públicos y privados; sin pasar por alto en la actividad regulatoria con la creación de modelos como las “Temporadas Abiertas” de almacenamiento de combustibles, la “Liberación de Precios de Combustibles”, así como la emisión de Normas Oficiales Mexicanas y Disposiciones Regulatorias para fomentar la competencia en los diversos subsectores energéticos del país.
A la par de esto, la Procuraduría Federal del Consumidor, reporta de manera semanal en el “Quién es Quién de los combustibles”, que las empresas del sector de gasolinas, diésel y gas LP (que tienen un mayor impacto social), tienen un índice de cumplimiento regulatorio superior al 95%.
Concluyendo, las sanciones impuestas por la CRE y Profeco (por citar a estos dos organismos), no superan una proporción mayor al 10% del universo de empresas de combustibles y gas LP existentes, pudiendo arribar a la conclusión de que el prejuicio señalado al inicio de este artículo es totalmente infundado y que, las acciones de “lawfare” regulatorio han sido totalmente innecesarias. Mostrando así que el camino del Regulador y del Regulado van en paralelo y en sentidos opuestos.
A todo esto, es importante señalar que, si bien es cierto el presente capítulo sexenal se cierra, no es así para los Comisionados de la CRE, a quiénes aún les resta bastante tiempo en el encargo (más de medio sexenio entrante) y muy seguramente, un cambio radical en la política energética. Lo cual, será necesario que, como preámbulo a los cambios venideros, se comience con una labor más de acercamiento con la industria que mantenga sanamente los caminos paralelos, pero ahora estrechos, en colaboración y en un mismo sentido: el del progreso de la industria en favor de la sociedad.
Contacto:
* Santiago F. Arroyo Seguedo es director de Desarrollo de Negocios para México y Latinoamérica en EGSA y, especialista en regulación y mercados energéticos.
X (antes Twitter): @SarroyoSi
Mail: sarroyo@egsa.com.mx
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