La industria del gas LP hace un llamado a las autoridades para que regularicen el mercado informal y combatan el robo de este energético
La industria del gas licuado de petróleo, o gas LP, representada por cinco asociaciones que en conjunto se encargan del 90 por ciento de la distribución en México: la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), la Cámara Regional del Gas, la Asociación de Distribuidores de Gas L.P. del Nordeste (Asocinor), la Asociación de Distribuidores de Gas L.P. del Interior (Adigas) y la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (ADG) alertan sobre el incremento desmedido en el robo de este energético y se pronuncian acerca de la imperante necesidad de contrarrestar dicha problemática.
Lo anterior no sólo por el impacto negativo y enorme riesgo que significa para el sector y las autoridades, al afectar la óptima operación del mercado; sino sobre todo para los consumidores, debido a que el mal ejercicio en las condiciones de distribución y el surtimiento, puede poner en peligro la integridad física.
El ingeniero Jaime Ayala, ex presidente ejecutivo de la Amexgas, comentó en entrevista que, aun cuando la sustracción de gas LP ha estado latente desde 2010, en los últimos dos años se ha agudizado y es un delito que se presenta en casi todo el país. “Las tomas clandestinas perjudican principalmente a Petróleos Mexicanos (Pemex) pero también a la sociedad, por recibir un producto fuera de la normatividad cuya falta desregula el ejercicio sano de la distribución”.
Por lo arriba descrito, la industria hace un llamado a los consumidores para que, por su propia seguridad, se abstengan de adquirir gas LP con distribuidores no autorizados y para ello recomienda hacer uso de la aplicación oficial en tabletas o teléfonos móviles, generada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE): AmiGas LP.
Hace todavía algunos meses el precio era un indicador para saber que se trataba de gas robado porque costaba alrededor de la mitad. Empero, actualmente se vende casi al precio oficial. La aplicación AmiGas LP sirve para verificar la autenticidad de las unidades de suministro o de los vehículos distribuidores de gas LP, pertenecientes a las más de 400 empresas establecidas formalmente, que efectivamente cuentan con la autorización y permisos correspondientes y necesarios para surtir el energético de manera segura y legal, conforme al marco normativo vigente.
Adicionalmente, AmiGas LP permite comparar precios, revisar evaluaciones acerca de la calidad de los servicios, a la vez que proporciona teléfonos de emergencia y recomendaciones para el uso de este combustible; amén de que es posible conocer si los distribuidores están registrados, o no, e identificar los autotanques regulados; puesto que todos los medios de transporte que distribuyen o comercializan gas LP en México deben estar dados de alta ante la CRE. Ello asegura la compra de gas lícito, mismo que cuenta con las medidas de seguridad respectivas.
La aplicación está diseñada para celulares con sistema operativo iOS 10.0 o superior y Android KitKat o más avanzado, es gratuita e igualmente dicha información puede cotejarse a través de una computadora de escritorio.
Triángulo rojo y datos duros
Durante 2018, el robo de gas LP a nivel nacional ha crecido a tal grado que la afectación en algunos mercados ya pasó de cinco por ciento a casi 15 por ciento. Este ilícito representa mil 102 millones de pesos mensuales en pérdidas, de las cuales 70 por ciento son para Pemex por la extracción ilegal en sus ductos. En tanto, las empresas privadas formales llegan a perder hasta 330 millones de pesos, a la par que el riesgo para los consumidores se eleva exponencialmente.
De acuerdo con información de las principales Asociaciones de gas LP, las regiones con mayor perjuicio por el número de tomas clandestinas donde se concentra el hurto de hidrocarburos y la ordeña de ductos son: la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Morelos. Sin embargo, la sustracción de gas LP se enfoca principalmente en la región denominada triángulo rojo; constituida por Puebla, Tlaxcala y Veracruz; cuyo incremento de robo es de 56 por ciento, pasando de 40 millones de pesos, el 30 de mayo de este año, a 62 millones 521 mil 200 pesos en agosto de 2018. Además, el menoscabo en las regiones conformadas por el triángulo rojo, asciende a 460 millones de pesos mensuales.
Con relación a lo anterior, la cifra de tomas irregulares registradas en el triángulo rojo, de enero a agosto de este año, es casi de tres mil —siendo Puebla la entidad con mayor recrudecimiento de las tres, al tener una pérdida mensual en ventas de 65 millones de pesos y un incremento en la sustracción de cinco por ciento en los últimos dos años, esto acorde con las Asociaciones.— A nivel nacional, los resultados del reporte de Pemex 2018 refieren un dato superior a las 10 mil tomas ilegales en el transcurso de ocho meses.
A decir del presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, Luis Rubén Landeros Martínez; en la zona centro del país el robo suma alrededor de 23 mil toneladas mensuales —de las cuales ocho mil toneladas corresponden a Puebla— mientras que en todo el país se estiman 58 mil toneladas y, amén del quebranto en ventas para Pemex y distribuidores de gas LP, “tal volumen de combustible robado constituye un peligro potencial para millones de familias, al encarnar cerca de 2 millones 320 mil servicios clandestinos mensualmente —sea mediante la venta indebida de un cilindro o del suministro a un tanque estacionario— porque al mes se realizan alrededor de 30 millones de servicios, o sea un millón de servicios diarios”.
Unidades inseguras de las que nadie se responsabiliza
Ahora, no se trata únicamente del robo a los ductos o tuberías de Pemex, puesto que por las características del gas LP resulta difícil ordeñarlo directamente de allí. Otra parte muy significativa del problema es el asalto a tráileres, camiones, semirremolques, autotanques o gaseros y, encima de esto; no sólo despojan a choferes o empleados de las unidades de transporte; también crean o se hacen de propias y éstas carecen del mantenimiento requerido, así como de la seguridad o normatividad correspondientes; por ejemplo, el dictamen anual expedido por expertos que garantizan la vigencia del permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. De manera que tales vehículos representan bombas de tiempo potenciales y en caso de algún accidente no hay quien se haga responsable, manifestó el ingeniero Landeros.
Incluso hay pipas clandestinas a las que les adaptan un tanque estacionario, lo que es totalmente inadecuado y pueden hasta tener válvulas caducas o mal hechas, expresó el ingeniero Ayala.
“Cuando se detecta una toma clandestina, generalmente es porque hubo un accidente. Por ejemplo, si el ducto se queda prendido puede ocurrir una explosión. La ordeña de tanques y el traspase de gas entre un tanque y otro resulta muy riesgoso. Es fundamental hacerlo en plantas ex profeso para tal propósito y con las medidas de seguridad pertinentes. Cuando esto no se hace y se extrae gas de una tubería, para traspasarlo a un tráiler o a una pipa y de ahí a un cilindro; puede ocurrir una fatalidad y no se tendrá el respaldo que sí proporciona una empresa regulada o legalmente constituida”.
Suspensión de rutas y competencia desleal
En 2017, el robo de pipas o tractocamiones sumó alrededor de 200 unidades, cuyo índice de recuperación fue menor al siete por ciento. Tan sólo en el estado de Puebla, de 70 unidades sólo se recuperaron cinco y los grupos delictivos involucrados han ido evolucionando, afirmó Jaime Ayala.
Ante este claro panorama de inseguridad, la industria ha tenido que modificar sus esquemas de operación en las rutas de distribución y durante el primer semestre de 2018 suspendió 17 rutas en Tlaxcala y Puebla. En el segundo semestre, igualmente canceló rutas adicionales por la misma razón.
Conforme a lo expuesto, los distribuidores formales compiten en gran desventaja con el mercado informal, pues este último no paga impuestos, ni el costo de las regulaciones tan estrictas con las que es necesario cumplir. De manera que el combustible obtenido de forma ilegal distorsiona la oferta, al ser un producto con coste cero: sin pago de salarios, gastos logísticos, prestaciones laborales, etcétera; los cuales sí absorbe la industria formal. De continuar esta afectación a la cadena de distribución, se calcula una posible pérdida de hasta 14 mil empleos formales directos y casi 50 mil indirectos en todo el país.
Por otro lado, los representantes de las Asociaciones de gas LP señalan que el alza en el precio de gas LP no tiene relación alguna con los robos. No obstante, para quienes cometen el ilícito, el aumento en el costo sí representa una gran oportunidad.
Un ejemplo de por qué suben los precios de los hidrocarburos, es el caso de Exxon Mobil. Esta compañía dejó de confiar en los ductos mexicanos y optó por traer su producto vía ferrocarril, tal empleo de dinero en logística repercute en el precio que se otorga al consumidor. En el caso del gas LP, su robo distorsiona el mercado completamente porque el valor del gas LP se rige por la ley de la oferta y la demanda, con base al precio mundial, el 80 por ciento del gas LP equivale al valor de la molécula. Tanto Pemex como los importadores acatan el precio de referencia internacional, dado que más del 50 por ciento del gas LP en México es importado.
Por lo anterior, cuando el precio del gas se incrementa, se debe sobre todo a la referencia mundial, mas no al impacto negativo que los distribuidores padecen como consecuencia del hurto. “Las asociaciones no incautamos el costo del robo del gas, la competencia no lo permite y no podemos subir el precio arbitrariamente porque perdemos participación en el mercado. Lo que sí es un efecto directo es la cancelación de rutas y la pérdida de dinero”, argumentó el representante de la ADG.
La nueva regulación, no sólo de la reforma energética, sino aquella para el control de los ilícitos, tiene un precio que las empresas pagan por el aumento del monto regulatorio y aunque no desean dejar de contribuir con la oferta, no pueden vender por debajo de su inversión ni de sus costos operativos. “No sólo es la pérdida de empleos y de rutas, cada vez llegaremos menos lejos y a menos gente, por no poder enfrentar este delito. Somos más de 400 distribuidores en el país y dependemos cien por ciento de la autoridad para implementar una acción en concreto”, explicaron los ingenieros Jaime Ayala y Luis Landeros.
Qué se le pide a la autoridad
El crecimiento de este escenario implica que las medidas que se han tomado, incluyendo la regulación, no han sido muy efectivas. Se requiere algo más eficiente y estricto. Que la distribución sea cada vez más lícita y que el mercado informal tenga la necesidad de estar en regla. Es preciso que la distribución ilegal se termine.
Dentro de las acciones de la Comisión Reguladora de Energía, está el seguimiento de la molécula, desde que se adquiere hasta que se vende por cada uno de los distribuidores y eso comprende estaciones de carburación para determinar si lo que se compra es lo mismo que se vende y saber si una empresa está comercializando, o no, gas ilegal. En el país hay más de tres mil estaciones de carburación, la Ciudad de México alberga más de 200 y la CRE es la encargada de verificar que tengan los permisos correspondientes, que son más de 30.
La autoridad debe velar porque se cumpla la regulación y no sólo que ésta se establezca; sea por la CRE o por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sino que realmente se aplique y haga efectiva,, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal o de instancias similares. Dado que Pemex es el máximo proveedor para la mayoría de los distribuidores del país, la CRE y la ASEA deben hacer llegar esta situación tanto a Pemex como a otro tipo de autoridades; porque el problema debe ser atendido por los reguladores y por las agencias de seguridad del país. Si bien las aseguradoras responden por el producto robado, ello incrementa el costo de los seguros, lo que a su vez se refleja en el precio que se le da al consumidor.
Existen operativos que detectan autotanques piratas, esa es una de las medidas de la autoridad y de protección civil. Sin embargo, se desconoce si los responsables van a prisión y si se retienen los vehículos. Hace falta coordinación entre las corporaciones de seguridad y los reguladores para que esto se lleve a cabo de manera cabal, dado que el conflicto sigue creciendo.
“Como Asociaciones buscamos cumplir con las autoridades. Si la unidad se sale de ruta, se rastrea y no permitimos entregas a quien no está en el itinerario del programa de envíos. El sector hace un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos y erradicar el robo de gas LP. La industria ofrece toda su disposición para colaborar en el diseño e implementación de acciones que combatan este ilícito y con ello garantizar la seguridad en el suministro. Se buscará un acercamiento con el próximo gobierno, especialmente con la próxima titular de la Secretaría de Energía (Sener), la ingeniera química Rocío Nahle García, para exponerle la problemática y proponer posibles soluciones”.
Finalmente, el presidente de la ADG estimó que el precio del gas LP podría subir nuevamente durante el periodo de invierno como ocurre cíclicamente. Aunque también depende de los inventarios a nivel mundial, el precio del tipo de cambio y otros factores. Precisaron que del 50 por ciento del gas LP que se consume en México, Pemex importa el 35 por ciento y además suministra el 60 por ciento de lo que se emplea en el territorio nacional.
Las empresas gaseras deben diferenciarse sumando beneficios a su oferta de valor
Si bien las energías y productos renovables están en auge, la industria de gas LP en México sigue dominando el mercado, al abastecer a siete de cada 10 individuos residenciales o comerciales. Por lo cual y para que las condiciones del mercado mejoren; así como debe existir un marco regulatorio más adecuado y amigable para el sector, aunado a una competencia más justa y leal; igualmente es menester ofrecerle a los consumidores soluciones como: un precio más competitivo, atención deferente y amable; servicio de calidad que incluya rapidez en la entrega, información clara, transparente y vasta; facturación en tiempo y forma; factibilidad de hacer pedidos por internet sin importar desde dónde y que el servicio incluya la confirmación respectiva del día y hora de entrega; posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito e incluso ofrecer meses sin intereses y seguridad en cada transacción; aplicaciones digitales que contemplen servicios como monitoreo del consumo, verificación de la cantidad de abastecimiento contra el precio a pagar, lista de distribuidores confiables, establecimiento de rutas, entre otros.
