Sheinbaum se enfrenta a los problemas de producción de Pemex y a la gran deuda de la petrolera.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está probando una nueva y audaz estrategia para atraer al sector privado a los yacimientos petrolíferos del país compartiendo los beneficios de las empresas conjuntas, un giro radical tras años de excluir a los inversores extranjeros de los proyectos energéticos.
Según los planes revelados este miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) compartirá los beneficios con socios del sector privado en empresas que pueden representar hasta el 10 por ciento de la producción de la petrolera estatal. El enfoque señala un claro distanciamiento de las políticas de su predecesor y mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscó agresivamente minimizar la participación de empresas extranjeras en sectores cruciales como el petróleo y la electricidad.
Sheinbaum, que juró su cargo en octubre, heredó un gigante petrolero controlado por el Estado con una producción en declive y una asombrosa carga de deuda de aproximadamente 100 mil millones de dólares. Atraer capital y experiencia extranjeros se considera clave para revertir los problemas de producción de Pemex y apuntalar su balance.
Sin embargo, Sheinbaum corre el riesgo de enviar señales contradictorias a los posibles inversores si estos perciben que el nuevo modelo de participación en los beneficios contradice los recientes cambios en la legislación mexicana que exigen a Pemex dar prioridad a los objetivos políticos del gobierno sobre la rentabilidad.
El nuevo modelo dividirá los ingresos de los desarrollos petroleros que queden después de la recuperación de las inversiones iniciales y el gravamen del 30 por ciento del gobierno sobre el crudo, dijo la presidenta.
“De esa manera, garantizamos que el privado cumpla con su inversión, recupera su inversión y tenga su porcentaje de ganancia, mientras que Pemex tiene su parte de ganancia”, dijo Sheinbaum al anunciar la nueva estrategia. “Si Pemex decide que requiere apoyo de un privado, es un esquema establecido por la ley que garantiza la ganancia del pueblo de México, o sea el pago de derechos, y también la propia ganancia de Pemex».
Si bien Pemex y la Secretaría de Energía están en proceso de evaluar qué proyectos podrían requerir la participación del sector privado, Sheinbaum dijo que tales acuerdos pueden implicar hasta el 10 por ciento de la producción de la empresa perforadora.
El mes pasado, la administración de Sheinbaum presentó el proyecto de ley, que tiene como objetivo agilizar la concesión de permisos y establecer mecanismos para la participación del sector privado en el sector energético. La legislación también garantizaría que las empresas energéticas controladas por el Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantengan su dominio en el sector nacional.
El proyecto de ley llega en un momento en el que Pemex tiene problemas para salir de un declive de producción, de las refinerías nacionales que operan a menos del 50 por ciento de su capacidad y de las instalaciones continuamente afectadas por accidentes, explosiones y derrames de petróleo. El director general Víctor Rodríguez también debe gestionar una cartera de deuda que incluye unos 20.000 millones de dólares adeudados a proveedores de servicios petrolíferos.
Pemex está trabajando un plan de financiación para pagar a esos proveedores de servicios, aunque los fondos no procederán del presupuesto de 220.000 millones (10.800 millones de dólares) de la empresa para 2025, dijo Sheinbaum. El Gobierno todavía está revisando para calcular la deuda total de los proveedores, dijo.
Anteriormente, Sheinbaum había dicho que Pemex reembolsaría a los contratistas antes de finales de marzo.
No obstante, el gobierno mexicano no quiere que Pemex venda más deuda en los mercados internacionales, y utilizará los recursos de la Secretaría de Hacienda para ayudar a la petrolera, dijo la secretaria de Energía, Luz Elena González, en la rueda de prensa.
En el mercado de derivados de crédito, el costo de proteger la deuda de la empresa contra el impago durante cinco años cayó el miércoles a 4.47 puntos porcentuales al año, según ICE Data Services. Se trata de una caída de 21 puntos básicos, en camino a la mayor caída en un día desde el 7 de noviembre.
“En el caso de la deuda financiera, aclaro ha venido disminuyendo”, dijo González. “No se ha dejado de pagar absolutamente ninguna de nuestras obligaciones, y está completamente garantizado”.
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