La trampa energética que el sector minero no puede ignorar
El estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe cuantifica algo que los directores de operaciones llevan años calculando en sus modelos: la matriz energética define la estructura de costos. La CEPAL estima que un punto porcentual adicional en generación termoeléctrica se traduce en 0.4 puntos porcentuales de crecimiento del PIB. La energía hidroeléctrica produce la mitad de ese efecto. La nuclear, 0.1. La carboeléctrica, apenas 0.03. Los números no son solo académicos — revelan una jerarquía de impacto económico que favorece, de manera inequívoca, la electrificación moderna sobre la fósil.
Para la minería, la implicación es directa. La energía representa entre el 20% y el 35% del costo operativo de una mina de cobre o plata de mediana escala en México, dependiendo del proceso. Buenavista del Cobre, la operación más grande de Grupo México en Sonora, consume volúmenes de electricidad que colocarían a una ciudad mediana en el mapa energético nacional. Peñasquito, la mayor mina de oro del país operada por Newmont en Zacatecas, opera bajo una ecuación de costos donde la energía es el segundo renglón de gasto después de la mano de obra. Cada punto porcentual de aumento en las tarifas eléctricas se convierte, sin mediación, en presión sobre el AISC — el costo total de producción por onza que los inversionistas en Toronto y Nueva York monitorean trimestre a trimestre.
El 75% fósil: no es fatalismo, es política
La proyección de la CEPAL es clara: pese al crecimiento esperado de las renovables, México no logrará reconfigurar su matriz eléctrica de forma acelerada. La Sener reconoce el escenario. El 75% fósil no es un destino inevitable — es el resultado de obstáculos institucionales, tecnológicos y financieros que el organismo identifica sin rodeos. La pregunta que el sector minero debería estar formulando con más urgencia es qué hace mientras tanto.
La respuesta corta: autoabastecimiento. La tendencia más concreta que se registra entre las mineras de primer nivel en México es el avance hacia contratos de energía renovable directa o instalaciones propias. Torex Gold opera en Guerrero con una conciencia aguda de sus costos energéticos — su AISC competitivo a escala global depende parcialmente de contratos de largo plazo negociados antes del endurecimiento regulatorio de los años AMLO. First Majestic, con cuatro operaciones en el país, ha explorado esquemas de autoabastecimiento solar en sus sitios de Sonora y Durango. La lógica es la misma en todos los casos: desengancharse, aunque sea parcialmente, de una red eléctrica dominada por una CFE que no ha resuelto ni su eficiencia operativa ni su capacidad de incorporar renovables a la velocidad que el mercado industrial demanda.
La geografía promete; la institucionalidad frena
México tiene una de las irradiaciones solares más altas del hemisferio occidental. El corredor eólico del Istmo de Tehuantepec es uno de los más potentes del mundo. La actividad geotérmica en el eje neovolcánico y en la zona de Cerro Prieto, Baja California, coloca al país entre los diez con mayor potencial geotérmico. La CEPAL lo documenta con precisión: las condiciones geográficas están dadas. El problema no es el recurso. El problema es el marco.
Entre 2019 y 2023, las subastas de largo plazo para energías renovables se cancelaron. Los permisos de interconexión se ralentizaron. La política energética nacional priorizó la estabilización de CFE y Pemex sobre la diversificación de la matriz. El costo de esa decisión no lo pagó solo el sector eléctrico — lo absorbió cada industria intensiva en energía del país, y la minería es la más intensiva de todas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado señales de mayor pragmatismo. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026, coloca explícitamente a la energía limpia como condición de competitividad para integrar a México en las cadenas de valor de tecnologías críticas que Estados Unidos necesita construir domésticas o cerca de casa. Eso no es un dato menor: si México quiere ser proveedor confiable de cobre, litio y plata para la industria estadounidense de baterías, semiconductores y defensa, tiene que demostrar que puede producirlos con una huella de carbono aceptable. La CEPAL le pone números a ese argumento.
El vínculo entre transición energética y inversión minera
El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 de su ranking global de atractivo para la inversión minera en 2024, subiendo desde el lugar 74. Una mejora real, pero todavía lejos de los primeros veinte. Los factores que frenan la escalada no son solo regulatorios o de seguridad — la percepción de riesgo energético pesa. Un analista institucional en Toronto que evalúa un proyecto junior en Zacatecas no solo revisa el permiso ambiental: revisa si el proyecto tiene acceso garantizado a electricidad a un precio predecible en un horizonte de diez años. Esa certeza no existe hoy en México con la misma solidez que en Chile o en Australia.
La CEPAL pone sobre la mesa un argumento que va más allá del clima: la transición energética es un multiplicador económico. El efecto de 0.4 puntos del PIB por punto porcentual de generación termoeléctrica — y la implicación de que la renovable genera encadenamientos productivos más robustos — es relevante para un sector que aporta el 2.77% del PIB nacional y provee insumos a 123 sectores de la economía, según datos de CAMIMEX y CIDE. Si la minería crece sobre una base energética más eficiente y limpia, el efecto multiplicador se expande.
¿Qué cambia si México actúa antes de 2030?
La ventana de oportunidad es concreta. La demanda global de cobre, plata, zinc y los llamados minerales críticos no va a esperar a que México resuelva sus obstáculos institucionales. Chile ya está invirtiendo en hidrógeno verde para reducir el costo energético de sus faenas cupríferas. Perú está negociando contratos de largo plazo con generadores renovables privados para sus grandes minas en los Andes. Si México avanza en desregular el autoabastecimiento energético para proyectos mineros — una medida que no requiere reformar la Constitución, solo ajustar los reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica — puede mejorar su posición competitiva en dos años.
El argumento de la CEPAL no es ideológico. Es aritmético. Un país que produce una de cada cuatro onzas de plata del mundo y que tiene reservas de litio que podrían ser las más grandes del planeta no puede darse el lujo de mantener el 75% de su generación eléctrica anclada a combustibles fósiles cuando sus principales clientes — y competidores — están rediseñando sus cadenas de suministro alrededor de la huella de carbono. La transición energética no es un costo para la minería mexicana. Es la condición para seguir siendo relevante en la década que viene.
CAMIMEX reportó una inversión de US$5,060 millones en 2024 y exportaciones por US$17,800 millones. Esos números son sólidos. Pero si el próximo ciclo de inversión llega con criterios ESG más estrictos — y llegará —, la pregunta que Pedro Rivero y la cúpula del sector tendrán que responder con datos no es cuánto produce México, sino a qué costo energético y con qué emisiones. La CEPAL ya hizo la mitad del trabajo. La otra mitad le corresponde a la política industrial.
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