Exposición de las condiciones financieras y administrativas en las que la actual administración gubernamental recibió a la CFE, postura al respecto y políticas a implementar para sacarla adelante
A finales del mes de febrero de 2019, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz convocó a conferencia de prensa para exponer ante los medios del ramo, cómo se recibió administrativa y financieramente a la CFE y las estrategias que se llevarán a cabo para ‘rescatar’ a la empresa de una competencia desigual y demás condiciones adversas, porque de no hacerlo tendería a desaparecer.
Un par de meses antes de ocupar su cargo oficialmente, el abogado Bartlett Díaz sostuvo varias reuniones con algunos de los entonces directivos de la compañía, con el propósito de conocer el estado de la CFE, así como su incorporación al sistema de mercado eléctrico abierto. Desde el año 2000, siendo senador por primera ocasión, el licenciado Manuel Bartlett Díaz se pronunció contra la apertura del Sistema Eléctrico Nacional.
“La CFE ha sufrido una transformación profunda al dejar de ser una empresa estructurada y vertical que atendía a todo el país, para competir en un mercado abierto. Pero esta competencia no sólo se gestó a través de la reforma energética; leyes, reglamentos y normas engorrosas han determinado la actual situación de la CFE y su reciente relación con el mercado, básicamente mediante artículos transitorios; lo que constituye un problema jurídico serio, dado que el objetivo de los artículos transitorios es llevar de un estadio de derecho a otro y como su nombre lo indica, transitar hacia un orden legal diferente, mas no deben emplearse para establecer una nueva legislación en sí, como se hizo”.
Estructura y operación
Aunque la esencia de la CFE es generar energía, transmitirla y distribuirla; el 28 de diciembre de 2015 se aprobó la división de la generación en seis subsidiarias y esa parte industrial que por años se construyó conforme a un orden geográfico, es decir a través de regiones, al segregarse originó seis pequeñas comisiones federales de electricidad, ostentándose como una corporación; comentó el funcionario Manuel Bartlett.
Aparte de las seis subsidiarias de generación, se acordaron: una subsidiaria de transmisión, otra de distribución, una de suministro básico; más cuatro empresas filiales, a saber: de Intermediación de Contratos Legados, de Suministro Calificado, CFEnergía y CFE internacional. De manera que la CFE está constituida en pequeñas empresas que se suponen autónomas.
A decir del titular de la CFE, cada una de las seis ‘mini CFE’ de generación tiene un Consejo de Administración propio que trabaja con consejeros independientes, dando pie a seis formas diferentes de operar bajo un criterio que considera desacertado porque las generadoras que existen en cada región, se distribuyeron de modo arbitrario. “Por ejemplo, una subsidiaria con cabecera en Hermosillo, Sonora; es responsable de las presas del río Grijalva en el sureste del país, o el director de una central que está en Monterrey atiende máquinas en el sureste y la razón que dio el régimen anterior para haberlo hecho así, fue por considerar necesario que las seis subsidiarias de generación tuvieran el mismo número de megawatts (MW), a fin de que pudieran competir entre ellas”.
Respecto a la transmisión —cuando la electricidad se distribuye a todo el país— y la distribución —mediante la cual el servicio se envía a las casas, fábricas y demás inmuebles— se mantienen como propiedad del Estado. Empero, aunque cada una de las 13 entidades en las que se dividió a la CFE se erigió como independiente, los principales directores del corporativo están obligados a consolidar todas las operaciones.
Del servicio público al interés monetario
Si bien durante años, la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público estuvo reservada al Estado; la compra de electricidad por parte de la CFE es anterior a la reforma energética. La apertura del sector eléctrico se tornó legal a través de la reforma, pero originalmente empezó violando la Constitución. Esto porque a algunas empresas privadas, ya instaladas en el país, se les autorizó establecer sociedades de cogeneración.
La autogeneración nunca estuvo prohibida debido a que había muchos lugares a los que no llegaba la electricidad. Por lo tanto, no faltaban quienes adquirían máquinas para poder generar su propia energía. Conforme a ello, se decidió que la cogeneración podía ser general y fue así cuando empezaron a surgir sociedades falsas porque, si alguna empresa le daba una de sus acciones a determinada industria, se presentaba como autogeneradora y con ello evitaba pagar la transmisión; explicó Bartlett Díaz.
De manera que algunas cogeneradoras inventaron sociedades con miles de personas y, el privilegio que, por concepto de cogeneración, se les otorgaba; lo hacían extensivo a esos supuestos miles con el fin de hacer uso de la red sin pagar; siendo que a las generadoras que le venden electricidad a la CFE se les paga una cantidad muy fuerte. De ahí se pasó a la reforma energética y lo que se tiene ahora es un mecanismo contrario a un mercado eléctrico sano y equitativo, dada la existencia de cogeneraciones falsas en perjuicio de la CFE. Es desde hace años que se les abrió la puerta a compañías que incursionaron como generadoras de la CFE para que posteriormente la apertura a las empresas privadas fuera llana.
Con la reforma energética y el nombramiento de la CFE como empresa productiva del estado, su sentido de servicio público y su función de generar electricidad para todo el país cambió por una clara tendencia basada en el lucro. La electricidad y su suministro, necesidad absolutamente indispensable, derecho humano y social, quedó en manos del mercado, y se prescindió de la obligación de atender los requerimientos del país. “La razón de haber estado en contra de la apertura, es porque anteriormente la energía eléctrica se concebía como una necesidad pública y una responsabilidad del Estado, mas no como estructura comercial”, enfatizó el licenciado en derecho Bartlett Díaz.
Pese a ello, la presidencia de la República ha determinado que, durante los primeros tres años de gobierno, la reforma energética no se reformulará, por lo que es preciso trabajar con el sistema tal como está; aun cuando, por ser reciente, hay varias situaciones inconclusas.
La CRE manda
Aparte de pagar por la compra de electricidad, en lugar de generarla, las empresas que comercializan con la CFE han recibido, por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la autorización para convertirse en autogeneradoras y así, operar en el sistema como cogenerados para venderle a la CFE. “Las prerrogativas y ventajas que la CRE le da a cientos de empresas para que no paguen electricidad, ha hecho que la CFE vaya perdiendo terreno porque por un lado los particulares no pagan la transmisión, pero por otro expenden electricidad al mercado, lo que no debería ser legal”.
De forma que, además del mercado eléctrico con el que la CFE debe competir, el sistema está controlado por la CRE misma que, desde diciembre de 2017 establece las reglas, fija las tarifas y otorga permisos sin control. “Muchas de sus decisiones son inaceptables, carecen de sustento y han derivado en pérdida de recursos para la CFE”, se inconformó Manuel Bartlett.
En la actualidad y como ya se señaló, la CFE sólo genera la mitad de la electricidad que requiere el país, el otro 50 por ciento de lo que fue su mercado lo ha ido perdiendo a gran velocidad y, de seguir así, podría terminar siendo liquidada o con una participación mínima e irrelevante, dado que casi todas sus áreas: distribución, servicio básico, transmisión y generación se han resquebrajado.
Entre las situaciones que han generado problemas para la CFE está, el que la asignación de tarifas por parte de la Comisión Reguladora de Energía no cubre el costo de la generación, lo que se traduce en una pérdida patrimonial. En el ámbito de la transmisión, el importe para los operadores, en su mayoría extranjeros, también es bajo y si bien es posible preservar el servicio; el gasto de operación para mantener en funcionamiento miles de kilómetros en todo el país es enorme, enunció el director general de la CFE.
“Tanto en la transmisión como en la distribución las tarifas garantizan la subsistencia y permiten la operación, pero no posibilitan ganancias para la CFE. Las bajas tarifas por el concepto de transmisión sólo favorecen a las compañías con las que la CFE compite, aun cuando la ley establece que las tarifas deben proporcionar lo necesario para el mantenimiento, ampliación y la justa retribución a los propietarios”.
Una de las reglas para una sana competencia es la igualdad de condiciones, pero la transmisión, que es propiedad de la CFE, carece de rentabilidad para la propia empresa y en cambio auspicia a los competidores; motivo por el que la competencia se ha desarrollado muy rápido. Resulta menester demandar y exigirle a la CRE que los costos de producción y transmisión sean igualmente provechosos para la CFE y que se respeten.
Si lo anterior no fuera suficiente, ante un presupuesto limitado de la CFE, la CRE estuvo otorgando permisos y muchas facilidades a la inversión extranjera para operar en lugares absolutamente rentables, muchos de los cuales son instalaciones de la CFE donde, para tener redes y extraer gas o electricidad se invirtió y trabajó por décadas. De modo que las nuevas generadoras tienen una ganancia implícita tan sólo por instalarse allí y encima no pagan la transmisión o su tarifa es mínima; sin contar el que la capacidad de la transmisión se está saturando. Por lo tanto, a la fecha, la CFE no recibe los recursos que se necesitan para mantener y desarrollar la transmisión, la cual es su responsabilidad, resultando que los únicos beneficiarios sean los competidores, quienes tendrían que pagarle a la CFE una tarifa realmente justa por poder transmitir electricidad a través del corporativo, enfatizó su titular.
Amén de haber coartado el potencial de la CFE, la CRE la instruye a que invierta 100 mil millones de pesos en la ampliación de la red. “Si las tarifas fueran adecuadas para el desarrollo, seguramente la CFE podría invertir esos 100 mil millones y más, pero no hay forma de que, bajo las condiciones actuales, se obtenga ese dinero”.
Suprimir el subsidio
Es un hecho que, en general, el monto que se le paga a la CFE no comprende los gastos de generación ni de transmisión atribuibles a la empresa. Empero, incrementar el pago a los más de 54 millones de usuarios, a nivel domiciliario —eliminando el subsidio—no es una opción porque, por mandato presidencial, las tarifas no deben subir más allá de la inflación. De ahí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenga injerencia en la determinación del monto de las tarifas para la población.
Otro problema, es que a la CFE no se le da la tarifa completa. Se le obliga a vender la electricidad a cierto precio, debajo de sus costos de generación, transmisión y distribución. La Secretaría de Hacienda pone el subsidio, pero si no lo otorga completo, el perjuicio es para la empresa, de forma que la subvención es mucho mayor de lo que se reconoce y daña a la CFE. Empero, no se tiene contemplado disminuir y mucho menos eliminar el subsidio rural ni domiciliario por tratarse de un aspecto social que debe mantenerse.
“La CFE está obligada a proporcionar un servicio barato, la tarifa domiciliaria y la de todo el campo se subsidian porque históricamente la empresa está comprometida a mantener un importe al alcance de los habitantes y es algo que absorbe el gobierno. Sin embargo, el problema señalado en el apartado anterior no va en este sentido. Son los competidores privados de la CFE los que deben empezar a pagar lo que corresponde, con miras a establecer un sistema equilibrado. Por lo tanto, es en ese rubro donde es preciso eliminar el subsidio”.
A la CFE se le ha obligado a apoyar a las empresas privadas comprándoles energía y aparte la CRE les autoriza poder dedicarse a otras actividades. La CFE sostiene y paga los gastos del excedente que las empresas privadas producen, el cual ni siquiera debería existir porque las máquinas están controladas para vender cierta cantidad de electricidad. No obstante, resulta que la competencia genera un excedente que puede comercializar a través de sus sistemas de cogeneración.
Robo y adeudos
El licenciado Manuel Bartlett señaló que, el robo de electricidad que desde hace bastante tiempo se le atribuye a pequeños comercios y a casas-habitación, no supera al de las grandes empresas, industrias y hoteles.
“La cultura de no pago tiene relación con el empobrecimiento del país y con la escasez o el cambio de valores. Ciertamente no es aceptable que las casas-habitación y los pequeños comercios gocen del servicio de forma ilícita, pero la cantidad que suma una colonia no es comparable con lo que se roba una empresa”.
De igual forma, la situación en materia de adeudos está muy complicada, todos los días se reciben solicitudes para revisión. Algunos presidentes municipales dicen que sus antecesores tomaron el dinero, no pagaron y dejaron deudas considerables. Organismos de agua potable también han solicitado que se evalúen sus montos porque, dada la aplicación de la tarifa el año pasado, sus pagos han incrementado 70 por ciento. Es el caso del Sistema Cutzamala, que cuenta con cinco servicios en alta tensión asumidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Una estructura de la CFE revisa los adeudos, renegocia con los clientes y proporciona facilidades para que este escenario se vaya ordenando. “Se tiene la instrucción de ser flexibles y de apoyar a la población, a los presidentes municipales y a las instituciones que deben dinero a la CFE”; informó Manuel Bartlett.
Por su parte, el director corporativo de Finanzas de la CFE, José Antonio Rojas Nieto especificó que el índice de cobranza en la CFE es de 95 por ciento y que la cartera vencida, misma que data de mucho tiempo atrás, es de 45 mil millones de pesos.
“La deuda principal corresponde a los dos últimos años y es básicamente residencial, la de los gobiernos estatales y municipales ronda los 15 mil millones de pesos, mientras que la del gobierno federal asciende a 900 millones de pesos, misma que ya se ha comenzado a saldar”, puntualizó el doctor en economía Rojas Nieto.
Mayor inversión
La carencia de infraestructura moderna y de calidad que, por falta de inversión y de mantenimiento, ha padecido la CFE durante décadas; llevó a que, a través del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) implementado a finales del sexenio pasado, se buscara el retiro de algunas de sus plantas eléctricas, no sin dejar de cederle esos espacios a compañías de generación privada, cuyas centrales son más económicas y por lo tanto, la idea de su incorporación a la red, antes y por encima de la CFE, prevaleció.
No obstante, la capacidad de inversión actual, autorizada por el presidente de la República e impulsada en el Congreso, permitirá invertir 24 mil millones de pesos en el mantenimiento de las centrales, con lo que ya se tendrán máquinas capaces de competir, además de que se invertirá en nuevas generadoras para reactivar e incrementar la generación de energía eléctrica. Adicionalmente, a través del Proyecto de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público (Pidiregas), la CFE solicitó 10 mil millones de pesos, ello le permitirá enfrentar a otras empresas privadas en igualdad de condiciones y generar mayor energía eléctrica (a la vez que incrementará su deuda).
“Por otro lado, se tiene una fibra de 16 mil millones de pesos que es un tipo de préstamo de la Bolsa Mexicana de Valores para invertir en transmisión. Sin embargo, considerando las bajas tarifas, la CFE prefiere invertirlos en generación y fortalecer más ese rubro”.
Asimismo, se necesita sanear las finanzas, actualmente la CFE tiene una deuda por 60 mil millones de dólares (mmdd); 19 mil millones de pesos (mmdp) por deuda documentada; 19 mmdd por pasivo laboral; siete mmdd por productores externos de energía; por obra pública financiada siete mmdp y 16 mmdd por concepto de gasoductos detenidos.
El problema de los gasoductos
El Sistema de Gasoductos de la CFE en realidad es un sistema privado. La CRE autorizó a la CFE crear la filial CFEnergía para la venta de combustibles y en materia de gas la CFE puede comercializar, pero no ser dueña de los ductos (las empresas de electricidad tanto norteamericanas como rusas son dueñas de sus ductos, fundamentales para el tráfico y manejo de combustibles) pero en México la CRE determinó que los ductos fueran privados. Siendo que la capacidad de la CFE es grande, con plantas en todo el país y bien podía haber hecho inversiones en ductos. Empero, se aprobaron una serie de contratos para el alquiler del tránsito de la molécula del gas y tal como fueron concebidos, dichos contratos establecen que la CFE debe pagar aun sin estar recibiendo gas, informó Bartlett Díaz.
Resulta que siete de los gasoductos de este sistema están detenidos por problemas sociales. En términos de kilómetros, dichos ductos que atraviesan 15 estados del país, engloban el 50 por ciento de la red que se tiene licitada. La CFE licitó poco más de seis mil 600 kilómetros en México y 950 kilómetros en Estados Unidos; detalló el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández, quien añadió que en 2018 la CFE pagó cinco mil 800 millones de pesos por situaciones denominadas casos fortuitos de fuerza mayor; donde, ante un riesgo, eventualidad, incumplimiento o situaciones fuera del control de las partes; la que asume los riesgos, en su totalidad, es la CFE.
Los gasoductos detenidos son:
- Tuxpan-Tula; se encuentra en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México. Su grupo económico es la Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S de R.L. de C.V. identificada como TransCanada.
- Tula-Villa de Reyes que comprende Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, también de TransCanada.
- Samalayuca-Sásabe; se ubica en Sonora y Chihuahua, pertenece al grupo económico Carso Gasoducto Norte, S.A. de C.V. o Carso Energy.
- Guaymas-El Oro, se localiza en Sonora y Sinaloa. Su grupo económico es el Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. denominada IEnova.
- La Laguna-Aguascalientes; con ubicación en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. El dueño es Fermaca Pipeline La Laguna S. R.L. de C.V., conocida como Fermaca.
- Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara; está en San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Fermaca Pipeline de Occidente S. R.L. de C.V. es el grupo económico y finalmente; El gasoducto marino del Sur de Texas-Tuxpan, que se encuentra en Tampico y Veracruz. Pertenece a Infraestructura Marina del Golfo S. R.L. de C.V. es decir, TransCanada-IENova. El director general de la CFE informó que los contratos con TransCanada, Fermaca, IEnova y Carso Energy se están renegociando a fin de llegar a un acuerdo a favor de la CFE porque las condiciones que se establecieron están por encima no sólo de la capacidad financiera de la CFE, también de la equidad y las empresas están abiertas a un replanteamiento. No es posible que la CFE deba pagar 30 mil millones al año para poder saldar una deuda mayor a 80 mil millones de pesos a 20 años.
Igualmente, el doctor en economía Miguel Reyes puntualizó que la CFE ha tenido que pagar tres mil 397 millones de pesos por el alquiler de un gasoducto que llega a 14 centrales, las cuales ni siquiera se han construido; más tres mil 500 millones de pesos en 2017 por situaciones de caso fortuito de fuerza mayor, aparte de los casi seis mil millones en 2018 por el mismo concepto, es decir, nueve mil 300 millones de pesos en dos años a una tasa de interés cero para la CFE. Otro problema es el ducto privado del Naranjo-Tamazunchale que se fabricó para hacer tres plantas eléctricas de ciclo combinado en el centro del país, que no se licitaron y por ende tampoco se edificaron. “La CFE paga por ductos que van a la nada y si se le revende la capacidad a otro, igual paga por ello”.
Energías renovables
Por cada kilowatt, la CFE emite a la atmosfera cerca de medio kilo equivalente de dióxido de carbono (CO2), aun cuando ya debería estar en 380 gramos, por el compromiso de abatir el índice de emisiones hasta en 30 por ciento. En ese sentido, la CFE no eludirá su responsabilidad ambiental ni se opondrá a la incorporación de fuentes limpias o renovables.
“Estamos convencidos de que es necesario utilizar todas las fuentes y mecanismos de generación de energía: eólica, fotovoltaica, geotérmica, etcétera. No estamos en contra de la operación de ninguno de este tipo de proyectos, pero por ahora lo que se requiere es promover centrales de ciclo combinado para atender la generación de forma urgente”, se pronunció Manuel Bartlett y añadió que se seguirán desarrollando y avalando las fuentes de energía renovable.
Por ejemplo, el presidente López Obrador está muy interesado en repotenciar la electricidad que se genera en 60 presas del país y por lo mismo se tienen estudios muy precisos sobre cuánto podría incrementar la generación, a través de plantas hidroeléctricas. Para ello, ambos funcionarios y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, han platicado con la firma estatal canadiense Hydro-Québec, a fin de evaluar la posibilidad de modernizar 60 centrales hidroeléctricas en el territorio nacional.
Empero, hay que tener en cuenta que México reporta un consumo diario de 102 mil barriles de combustóleo y si como se pretende, las refinerías logran elevar su índice de utilización a 60 o 70 por ciento, se obtendrán de 200 a 250 mil barriles de combustóleo diariamente, por lo que la transición a la masificación de energías renovables llevará más tiempo del que se desea. Tampoco debe perderse de vista que, si bien el costo por megawatt-hora (MWh) es mucho más económico en el caso de las energías renovables, existen una serie de factores adicionales por los que es preciso pagar; como el respaldo, la intermitencia, las afectaciones de voltaje, la responsabilidad técnica para su acumulación, el recibirla en una hora y entregarla en otra, etcétera; condiciones que de no atenderse podrían derivar en un daño patrimonial.
“Para las renovables generar resulta barato, sí, pero deben contar con respaldo porque ante la falta de viento o de sol, no puede dejar de haber electricidad y ese respaldo lo da la CFE y, al igual que la transmisión, no nos lo pagan. Es así la forma en la que se acordaron las subastas, en donde la mayoría de las compañías participantes son de energía eólica, pero se dejó de lado su intermitencia”, argumentó Manuel Bartlett.
Cancelación de subastas
La postura de la CFE al cancelar: la 4ª Subasta de Largo Plazo, la Línea de transmisión interconexión SIN-BCS y el Concurso abierto del proyecto “303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia”, fue por tratarse de convenios a largo plazo que obligaban a la CFE a comprar electricidad, generándole pérdidas.
“La licitación en curso de una línea de transmisión directa de Oaxaca a Morelos se suspendió por ser totalmente inconveniente para la CFE, costaba más de dos mil millones de dólares y se trataba de un sistema público-privado, algo totalmente inconstitucional porque la transmisión está reservada al Estado y esa ambigüedad de pública-privada fue una estrategia de la administración anterior para comenzar a privatizar la red mediante mecanismos totalmente confusos. Por la misma razón se canceló la línea diseñada entre Sonora y Baja California, misma que el ex director de la Secretaría de Energía presentó abiertamente como privada y, como ya se refirió, es anticonstitucional. En tanto, la subasta obligaba a la CFE a comprar energía, lo cual es absolutamente contrario a los intereses de la empresa, dado que se trataba de obligaciones a 25 años para comprarle a determinadas compañías, cuando la tecnología puede cambiar en cualquier momento”.
El funcionario reiteró que lo que se necesita es generar electricidad, no comprarla y por ello no se comprará electricidad a través de subastas. “No podemos seguir aceptando todo aquello que se traduce en una pérdida. Ya hemos descrito parte de la sucesión de pérdidas que la CFE está teniendo que sobrellevar y a las grandes empresas no se les ha obligado a dividirse en: generación, distribución, transmisión y que compitan entre sí, como a la CFE”.
“No se pretende limitar a los privados de generar energía ni de invertir. El mercado eléctrico está respaldado por la ley, pero no es posible seguir por el camino de otorgar privilegios que atentan contra los intereses de la CFE, es algo que sabe y que haría cualquier empresario. Aceptamos el mercado, siempre y cuando sea justo y, los privados, como la CFE, requieren pagar costos. La CFE debe comprar energía cuando le convenga, más no cuando se le obligue”.
Tras las cancelaciones, el comisionado presidente de la CRE, Guillermo Ignacio García Alcocer se pronunció en contra, manifestando que, de no haber mayor inversión privada existía el riesgo de apagones y que la inversión gubernamental para este año resultaba insuficiente, por lo que era menester seguirle comprando electricidad a los privados. Bartlett Díaz definió ambas declaraciones como ‘terrorismo eléctrico’, aclarando que se trata de una falacia. “Quien tiene la responsabilidad de la energía en México es la CFE, trabajamos para 54 millones de domicilios como para los millones de mexicanos que lo requieren y por supuesto no habrá apagones”.
La nueva estrategia
A decir del director general de la CFE, lo primero que se debe hacer es mejorar los ingresos de la CFE y revisar con la CRE los aspectos en donde se tiene daño patrimonial, después proceder a bajar los costos para poder reestructurar compromisos financieros.
“A la CFE, le quitaron el cerebro, la empresa fue famosa mundialmente por su capacidad de planeación a 15 años, misma que le permitía ajustar su crecimiento a la demanda y a la generación, pero la reforma energética omitió el programa de planeación y en consecuencia hoy se adolece de una visión estratégica permanente”.
Por lo anterior, el sistema de planeación se está reconstruyendo, lo que implica reunir el conocimiento de todas las áreas a fin de tener una clara visión hacia el futuro. La electricidad debe planearse a 15 años mínimo. De lo contrario, no hay modo de saber dónde invertir. Los combustibles son la esencia de cualquier fábrica de electricidad, es un insumo fundamental para este trabajo y en México, actualmente los combustibles se compran en 140 lugares diferentes porque las licitaciones se han manejado sin ton ni son, declaró Barttlet y se creará un centro de inteligencia en CFE Energía para la compra de combustibles.
“Actualmente, de un presupuesto de medio billón de pesos, se gastan 140 mil millones al año en combustibles sin ningún control y desordenadamente. Es necesario establecer este sistema de inteligencia de mercado para atender la estrategia de compra y analizar el precio de los tipos de combustibles a nivel mundial con el fin de comprar estratégicamente. Lo que se está haciendo es tomar las medidas necesarias para rescatar a la empresa y devolverle su vocación social”, concluyó.