El gobierno de México, por voz de su canciller, anunció en la COP27 que invertirá en los próximos años, junto con Estados Unidos, 48 mil millones de dólares en la transición energética, además de que duplicará la producción actual de energía limpia para 2030. Ello, indicó el funcionario, permitirá a la región de Norteamérica “tener una de las transiciones energéticas más eficientes” (https://cutt.ly/w1t2diO).
El contexto geopolítico de este anuncio es que México ha sido objeto de una “atención” significativa de la administración del presidente Joe Biden, quien busca para sus corporaciones un papel de liderazgo en el mercado ambiental y energético mundial. Difícil no ver en este anuncio de esfuerzo conjunto una iniciativa conciliatoria entre los dos gobiernos. En pasado reciente, la intención expresa en México fue poner los recursos públicos –presupuesto e infraestructuras– al servicio de las empresas que modelaron la transición basada en la cadena de gas y renovables para vender electricidad, de modo que obviamente no existieron tensiones con el gobierno estadunidense ni con el canadiense.
La actual estrategia energética de México se basa en la soberanía nacional, pero este cambio de rumbo no es autarquía ni deja de estar condicionado por un componente geopolítico vinculado a la integración económica de Norteamérica. Eso no es sorpresivo y, de hecho, en el conflicto real entre intereses comerciales trasnacionales y el gobierno mexicano a causa de las decisiones que rompen las reglas del juego de la “reforma energética”, Andrés Manuel López Obrador realizó algunas jugadas estratégicas que apuntan a darle una salida al asedio político de los socios del T-MEC y sentar las bases de una integración basada en principios soberanos. Éstas fueron el anuncio de una futura infraestructura de producción fotovoltaica en la zona fronteriza para la venta de electricidad al vecino, amén de atender al consumo nacional; o bien la iniciativa de crear capacidades de exportación de gas licuado para terceros mercados, dando salida al gas natural que contratamos en exceso en Estados Unidos.
La futura industrialización del litio, en el mismo sentido, tendrá como aliados-socios a las empresas automotrices estadunidenses, apoyando su competitividad en la guerra de la electromovilidad. Sin embargo, el conflicto sigue latente en la medida que el factor “soberanía” les reduzca mercados a las empresas dominantes en la esfera global.
De modo que es clave el modelo de financiamiento que deberá tener una nueva fase de la transición energética mexicana, que dé continuidad a la transformación de la matriz eléctrica, aspecto clave de la reducción de carbono emitido. Cabe mencionar que México ya ha transitado por un cambio de patrón energético, ya que produce más de 50 por ciento de la electricidad con gas natural, desplazando fuentes muy contaminantes. Además, con energía hidroeléctrica, produce casi 9 por ciento de electricidad. Esto coloca a México por encima de la media mundial, en la cual 36.7 por ciento de la electricidad proviene de carbón y 23.5 por ciento de gas natural. En cambio, estamos por debajo en cuanto a hidroelectricidad, pues en el mundo ésta aporta 15.8 por ciento del fluido eléctrico. Sin duda la masa de financiamiento que se anuncia deberá elevar la composición de las energías primarias hídricas, solares y eólicas.
El nuevo balance energético se logrará dejando en el recuerdo el modelo de los gobiernos anteriores que construyeron una transición sin planeación, pero con el entusiasmo político de crear rápidamente un negocio privado de extracción de recursos públicos, avalado por contratos multianuales por 25 años, bajo los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era simplemente el agente pagador de ductos que no llevaban gas para producir electricidad.
El negocio neoliberal de esa transición energética está documentado por los sucesivos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2016, con los cuales es posible mostrar que en el periodo 2016-20, de los 87 mil millones pagados por “costo fijo por capacidad” a seis empresas que construyeron poco más de 7 mil kilómetros de ductos, 71 por ciento de esta suma no corresponde a ningún volumen real de gas. La ASF llama a estos 62.5 mil millones de pesos erogaciones “sin beneficio económico para CFE”. Esa es una aproximación al negocio privado que se modeló para hacer de CFE una empresa para contratar nuevos ductos e inventar centrales de ciclo combinado bajo órdenes de la Sener, sin resultado real en la producción de electricidad. Calderón y Peña están detrás de la transición energética basada en gas natural, sin duda. Pero lo hicieron con contratos que eran ductos para extraer recursos públicos, inventando así un mercado privado de cuento de hadas consistente en instalar ductos físicos que no llevaban gas, pero que eran, y siguen siendo, pagados por CFE. No hubo planeación ni regulación, pero sí negocio basado en el saqueo y complicidad –bien recompensada– con los intereses privados.
* Profesor-investigador de la UAM
