Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta vencimientos de bonos por unos 30 mil millones de dólares al final de la administración de López Obrador en 2024, por lo que expertos sugieren una reestructura que incluya cierres de campos no rentables y despidos para evitar una rebaja en la calificación. Según datos de la calificadora Fitch, Pemex es la más vulnerable entre las compañías petroleras estatales de América Latina, a la baja en los precios del crudo, pues solo este año, la empresa tiene vencimientos de bonos por 6 mil millones de dólares.
La percepción de que Pemex no pueda cumplir con los pagos aumenta la probabilidad de que una segunda agencia le quite su calificación de grado de inversión este año, lo que podría repercutir en el costo de los préstamos para el gobierno.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, prometió reducir gastos administrativos y de contrataciones para afrontar el derrumbe de los precios internacionales del crudo, así como dar prioridad a proyectos rentables.
En el pasado, el gobierno apoyó a Pemex con inyecciones de efectivo, pero ahora las finanzas del gobierno están más ajustadas y será más difícil para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reducir la alta carga impositiva de la compañía.
Pemex refinanció más de 29 mil millones de dólares en bonos el año pasado, una estrategia que le dio un respiro financiero, y que buscaba dotarla con un mayor flujo de efectivo para inversiones en producción. Pero aumentar el capital nuevamente será desalentador durante el caos económico del coronavirus, ya que los inversores prefieren por ahora activos de refugio en lugar de bonos más riesgosos.
López Obrador también lanzó algunos salvavidas a Pemex en forma de inyecciones de efectivo y exenciones de impuestos en 2019. Sin embargo, al cierre del año tenía todavía más de 105 mil 200 millones de dólares en deuda financiera y 77 mil 300 millones adicionales en obligaciones de pensiones.
Un punto positivo para Pemex son las coberturas; una para mantener sus ingresos por encima de los costos de producción, y otra contratada por SHCP, que garantiza este año los ingresos del gobierno provenientes del petróleo.
