Entre 2005 y 2016, la producción de gas natural desde formaciones de lutitas aumentó 50 por ciento; la extracción de petróleo casi se duplicó al pasar de cinco Mbd a más de nueve Mbd en 2017
Desde 1953 Estados Unidos (EU) es importador neto de energía y el panorama energético de ese país comenzó a deteriorarse rápidamente a partir de la década de 1970 tras el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el inicio del declive de su producción nacional, al tiempo que su demanda interna aumentaba. La vulnerabilidad energética estadounidense fue exhibida como en ningún otro momento.
La respuesta gubernamental ante este escenario llegó con la proclamación del Acta de Independencia Energética durante la administración del presidente Richard Nixon. Ésta establecía un cronograma para poner fin a la dependencia del petróleo extranjero a partir de 1980; para alcanzar esta meta se establecieron requerimientos de conservación energética, se impulsó el desarrollo de energías alternativas a nivel doméstico y se fomentó el establecimiento de relaciones internacionales energéticas con países considerados seguros.
Desde entonces, se ha estrechado cada vez más el vínculo entre las políticas energética, internacional y, de seguridad y defensa, a medida que, la dependencia energética no lograba revertirse, sino que se profundizaba. En 2005, Estados Unidos registró el nivel más alto de importaciones petroleras como parte de su consumo total en alrededor de 60 por ciento. Paralelamente, la producción de gas natural declinaba y se comenzaban a construir regasificadoras para recibir importaciones masivas de gas natural licuado. Sin embargo, la irrupción de la Revolución Energética a partir de la explotación de los combustibles fósiles no convencionales daría un giro tanto a las perspectivas sobre el panorama energético estadounidense, como a su política energética internacional.
La Revolución Energética de los no convencionales
En poco más de una década – entre 2005 y 2016 –, la producción de gas natural desde formaciones de lutitas aumentó en 50 por ciento; la extracción de petróleo casi se duplicó al pasar de cinco millones de barriles diarios (Mbd) a más de nueve Mbd en 2017, según la Administración de Información Energética (AIE) del Departamento de Energía de Estados Unidos. Los hidrocarburos no convencionales convirtieron al país en el primer productor mundial de gas natural y ahora compite con Rusia y Arabia Saudita por las primeras posiciones de extracción de petróleo. Además, cuenta con un dinámico sector exportador en materia de petroquímicos y petrolíferos.
Este crecimiento acelerado en la producción de hidrocarburos es una de las variables más novedosas e influyentes en los mercados energéticos internacionales. En el caso de la producción de petróleo, la adición de más de cuatro Mbd en los últimos cinco años, desplazó a las importaciones de países como Nigeria y Angola, asimismo, contribuyó con la sobre oferta que padece el mercado del petróleo desde 2014 y que se tradujo en el colapso del precio al pasar de cien dólares por barril en junio de 2014 a 50 en octubre de 2017 – en enero de 2016, el precio del petróleo alcanzó su nivel más bajo en los últimos 12 años al cotizarse en 28 dólares por barril –.
En tanto, en el sector del gas natural, la fuerte producción registrada en Texas, Dakota del Norte y Luisiana logró reducir drásticamente los precios, de niveles superiores de seis dólares por cada mil pies cúbicos a poco menos de tres, el más bajo a nivel mundial. Evidentemente la Revolución Energética impactó positivamente en la competitividad de las empresas estadounidenses, quienes gozan de precios asequibles, así como, de estabilidad y seguridad en el suministro.
La Revolución Energética ha influido también en el cambio del paradigma energético, de uno limitado por la escasez a otro en proceso de expansión que no sólo estaría en condiciones de garantizar la tan anhelada independencia energética, sino también, colocaría a Estados Unidos en el camino del dominio de los mercados energéticos internacionales. Se trata de una transformación radical que pretende ser potencializada por la actual administración del presidente Donald Trump bajo la construcción de la política de la Supremacía Energética.
La política de la Supremacía Energética
La política de la Supremacía Energética es una evolución de la estrategia de independencia energética a la que nos referimos en párrafos anteriores. Esta parte de la suposición de que la Revolución Energética no sólo se mantendrá, sino que continuará a tal punto que Estados Unidos será exportador neto de energía. Según la AIE, de persistir las actuales tendencias de producción de hidrocarburos, el país será exportador neto de gas natural licuado en 2018; mientras que, en el caso del petróleo, durante los primeros meses del 2017 exportó cerca de un millón de barriles diarios. Para la administración Trump, la política de la Supremacía Energética significa:
“Una nación autosuficiente y segura, libre de agitación geopolítica de las otras naciones que buscan usar la energía como arma económica. Una América dominante en energía, exportadora a los mercados alrededor del mundo, incrementando nuestro liderazgo e influencia global. Convertirse en dominante energético significa que estamos sacando al gobierno del camino para que podamos compartir nuestra riqueza energética con los países en desarrollo. Durante años, Washington se interpuso en el camino de nuestro dominio energético. Eso cambia ahora”.
La Supremacía Energética está sustentada en la profundización de la Revolución Energética con el respaldo a la industria de los hidrocarburos para que ésta aumente su extracción y, en lo sucesivo, exporte su excedente. Para el presidente Trump, Estados Unidos debe explotar su abundancia energética para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleos y la consecución de sus objetivos estratégicos a nivel internacional. Por tal razón, la política de la Supremacía Energética es una de las prioridades de la agenda energética, económica y de política exterior de su administración. En la búsqueda de este objetivo estratégico, la administración Trump ha implementado las siguientes acciones:
1. Reanudación de la construcción de los polémicos oleoductos Keystone XL y Dakota Access;
2. Firma de la Orden Ejecutiva de Independencia Energética;
3. Eliminación del Clean Power Plan que obligaba a los Estados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de electricidad;
4. Derogación de toda regulación ambiental que ralentice la ejecución de nuevos proyectos energéticos, como la relativa al uso del agua, el venteo de metano y el uso del fracking;
5. Aprobación de más permisos para la construcción de nuevas plantas de gas natural licuado;
6. Eliminación de la moratoria de nuevas licencias para minería de carbón en tierras federales;
7. Retiro de Estados Unidos de las disposiciones del Acuerdo de París;
8. Reducción de las tasas fiscales corporativas;
9. Apertura de las aguas del Pacífico, Atlántico y el Ártico a la exploración y perforación de hidrocarburos;
10. Promoción de nuevas centrales nucleares y exportación de reactores de última generación.
Aunque la política de la Supremacía Energética implicaría la incorporación de todas las fuentes y tecnologías disponibles para promoverla, lo cierto es que, el papel de los combustibles fósiles es preponderante. Al respecto, Trump señaló que; “no deben ser promovidos a expensas de otras formas de energía que ahora están trabajando mucho mejor”, en clara referencia a los combustibles fósiles sobre las energías renovables.
Este reforzamiento del patrón energético fósil se observa tanto en los apoyos gubernamentales a la industria, como en el recorte al financiamiento a la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable del Departamento de Energía que propuso la Casa Blanca al pasar de dos mil 69 millones de dólares a 636 millones, una disminución del 70 por ciento, a lo que debe adicionarse la propuesta de recorte de personal y presupuestal a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) por 528 millones de dólares.
Una agenda tan agresiva sustentada en los hidrocarburos no convencionales y en carbón, en los tiempos del calentamiento global es simplemente irracional. Sin embargo, para los negacionistas del calentamiento global comandados por Trump, la extracción de combustibles fósiles es posible sin que esto suponga una amenaza para el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero; aducen que éstos serán extraídos de manera más limpia y eficiente a través de la implementación masiva de la tecnología de captura y secuestro de carbono.
Aunque resulta contradictorio que, mientras se pretende posicionar a la captura y secuestro de carbono como la tecnología que convertiría a los fósiles en fuentes limpias, el presupuesto para el Programa de Investigación y Desarrollo de Energía Fósil del Departamento de Energía que ayudaría, justamente, a la innovación y comercialización de esa tecnología también será reducido de 206 millones de dólares a 31 millones, una caída del 85 por ciento.
Por su parte, el retiro del Acuerdo de París ha provocado que las relaciones diplomáticas y la credibilidad de Estados Unidos estén profundamente cuestionadas, al respecto, Rick Perry, secretario de Energía, en el marco del Energy Week celebrado en junio de 2017 en Washington, señaló que, la decisión del ejecutivo de retirar a EU del acuerdo climático no dañaría sus relaciones con el mundo, porque las exportaciones energéticas reforzarán sus alianzas internacionales con socios estratégicos, es decir, Perry vincula la reconstrucción del liderazgo internacional estadounidense con el éxito de la política de la Supremacía Energética y demuestra el privilegio de los objetivos económicos y geopolíticos sobre la protección del medio ambiente.
En este sentido, ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la Supremacía Energética? En primer lugar, consolidar la independencia energética estadounidense y, luego, potenciar sus exportaciones. Esta política tiene una dimensión regional, ya que la producción energética de Estados Unidos por sí sola – aún con los mejores escenarios del desarrollo de la Revolución Energética –, es insuficiente no sólo para cubrir en su totalidad su demanda interna, sino también, para dominar los mercados internacionales.
Por esta razón, la política de la Supremacía Energética busca nutrirse del proyecto Norteamérica con la finalidad de incorporar los recursos energéticos de México y Canadá. El interés particular subyace en la conformación de un bloque regional autosuficiente y exportador que tenga la capacidad de balancear las demandas energéticas domésticas, garantice la seguridad energética e incremente la competitividad regional al proporcionar un abasto confiable, estable y a menores precios en comparación con otras regiones o bloques comerciales que, cada vez más, profundizan su dependencia energética como la Unión Europea, Japón, India y China.
Al hacerlo, el bloque norteamericano se convertiría en una importante alternativa frente al abasto energético proveniente de países como los miembros de la OPEP y Rusia, con lo que Estados Unidos buscaría emplear las exportaciones energéticas como instrumento para ejercer influencia en los países destinatarios y competir con los mercados de naciones consideradas hostiles a sus intereses en el mundo, como Rusia.
En este sentido, el excedente energético norteamericano sería empleado no sólo para balancear los mercados, sino también, para mantener el sistema de alianzas internacionales bajo su liderazgo a partir de la energía, es decir, se trataría del uso de la energía como arma geopolítica. Para Estados Unidos, la política de la Supremacía Energética es fundamental para la proyección de poder en su intento de consolidar su influencia internacional, mientras que, a nivel regional logran garantizar su seguridad energética a través del fortalecimiento de la integración con Canadá y México. De tal manera, el proyecto Norteamérica se acopla a sus intereses estratégicos siendo plausible el dominio energético desde la perspectiva regional, es en este punto donde se entrelazan la reforma energética y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el Proyecto Norteamérica y la política de la Supremacía Energética.
De la reforma energética y la renegociación del TLCAN al proyecto Norteamérica
En el marco de su visita de trabajo a territorio mexicano en julio de 2017, Rick Perry señaló que: “México es un socio crucial y muy importante para Estados Unidos en nuestros esfuerzos por promover una seguridad energética integral y una seguridad económica para Norteamérica. Es una prioridad absoluta seguir una estrategia energética norteamericana que garantice la seguridad, la estabilidad y el crecimiento económico para Estados Unidos, México y Canadá”.
Esta estrategia, conocida como el Proyecto Norteamérica consiste en: I) Acelerar el desarrollo de los recursos energéticos no explotados, II) Diversificar el abasto energético y, III) Apoyar el crecimiento de las industrias energéticas domésticas. Se trata entonces, de una propuesta de agenda energética que Estados Unidos promueve a nivel trilateral. De tal manera, resulta lógico que los esfuerzos estadounidenses por materializar dicha política se canalicen a través del TLCAN, impulsando la expansión de los flujos energéticos y la seguridad de las inversiones en el sector.
Si bien en el marco de la renegociación del TLCAN, el tema energético, se ha mantenido discreto, hay ciertos lineamientos que determinarán que buscarán Estados Unidos, México y Canadá, entre ellos, el fortalecimiento de la seguridad energética regional, que es el eje que articula las coincidencias energéticas entre los tres miembros del Tratado.
De hecho, en las prioridades de negociación del TLCAN de Canadá y México se observa un alineamiento estratégico en relación con la determinación de las prioridades en materia de integración y de seguridad energética regional. Lo que posibilitaría la ejecución del proyecto Norteamérica, en adición a la posibilidad de integrar a México a las disposiciones del capítulo VI en torno a la energía, toda vez que la reforma energética eliminó las restricciones a la inversión privada en la cadena de valor de la energía que existían previamente a la firma del Tratado en 1994.
Además, Canadá y Estados Unidos tienen interés en que México se incorpore al capítulo VI como mecanismo para blindar la reforma energética, en el marco del proceso electoral que está en curso y que pudiera afectar el desenvolvimiento de la apertura del sector energético. Ello, con la finalidad de crear las condiciones de certidumbre legal para potenciar las posibilidades de la reforma energética y avanzar rápidamente en el desarrollo de la industria de la energía, aprovechando así las oportunidades de negocio.
De profundizarse la integración en los términos planteados por Estados Unidos, significaría “construir juntos un futuro mejor, comenzando con una visión de dominio energético de América del Norte. Se debe continuar con el desarrollo de nuestros recursos energéticos, invertir en innovación y consolidar juntos una industria energética competitiva”. Para EU, la reforma energética y la renegociación del TLCAN son oportunidades para desarrollar la estrategia energética para Norteamérica a través de la expansión y reforzamiento de los lazos energéticos de los tres países, más que el establecimiento de barreras al comercio y, aún si el Tratado fuese denunciado por alguna de sus partes, los proyectos energéticos continuarían.
Finalmente, para Estados Unidos es muy claro que la integración energética es un instrumento de poder que le brinda la capacidad para reforzar su seguridad energética y sus objetivos de política exterior, al tiempo que, los países involucrados en la integración contribuyen con este objetivo. Aunque es muy probable que la política de la Supremacía Energética no alcance sus objetivos debido a las condiciones de la producción no convencional en EU, la persistencia de los precios bajos del petróleo que retrasa la inversión en nueva producción y la profundización de la declinación de la extracción de hidrocarburos en México. Lo que es importante, es no perder de vista que el sector energético requiere, en la implementación de la política energética y exterior, de una visión geopolítica, estratégica y de seguridad nacional que vaya más allá del ámbito comercial, esa es una grave falla de la reforma energética.