Durante años, el discurso de la soberanía energética se sostuvo sobre la premisa de fortalecer a la CFE y reducir la dependencia de empresas privadas.
Alcanzar la multicitada soberanía energética tendrá que esperar, al menos en el sector eléctrico. La secretaria de Energía, Luz Elena González presentó tres instrumentos para detonar inversión en generación de electricidad por casi 740 mil millones de pesos, hacia el 2030.
Esto representa un giro en el timón para evitar que el barco de la electricidad se vaya a la deriva porque suena bonito tener autonomía, pero el actual gobierno ha tenido que admitir que el sueño guajiro de su antecesor era eso: un sueño.
Podría decirse que más que un viraje ideológico, el regreso a la estrategia anterior es un ajuste obligado por la realidad. Durante años, el discurso de la soberanía energética se sostuvo sobre la premisa de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reducir la dependencia de empresas privadas.
Sin embargo, una cosa es el discurso y otra las cifras. La demanda eléctrica en México no esperó a que se resolvieran debates ideológicos. El crecimiento industrial, el aumento poblacional y la digitalización de la economía comenzaron a exigir más capacidad de generación y mayor infraestructura.
Además, ante la transición energética global, el mundo demanda más minerales, más manufactura y más electrificación, pero también exige energía más limpia, así que la ecuación se complicó, porque no se trata sólo de producir más electricidad sino de encontrar la forma de transportarla y distribuirla a los usuarios finales. La inversión pública, en éste, como en muchos otros sectores, nunca alcanza.
Por eso la Secretaría de Energía lanzó una segunda convocatoria para proyectos privados de generación renovable; una convocatoria de proyectos estratégicos, incluidos esquemas mixtos con CFE; y una Ventanilla Única de Autoconsumo para agilizar trámites a industrias y consumidores que quieran producir su propia energía.
Los tres instrumentos tienen ventajas evidentes. Abrir espacio a la inversión privada puede acelerar la construcción de centrales eléctricas y aumentar la capacidad instalada en menos tiempo. También envía una señal de mayor certidumbre a inversionistas que, durante los últimos años, enfrentaron un entorno regulatorio restrictivo.
Otra ventaja es la tecnológica. La inclusión de almacenamiento energético mediante baterías revela una visión más alineada con las tendencias internacionales. Las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, enfrentan el desafío de la intermitencia: el sol no brilla siempre y el viento tampoco sopla igual. El almacenamiento puede convertirse en la pieza que faltaba para dar estabilidad al sistema.
Una tercera ventaja recae en la competitividad industrial. La Ventanilla Única de Autoconsumo podría reducir tiempos burocráticos para industrias que buscan generar parte de su electricidad, disminuir costos y mejorar su eficiencia. En un contexto donde empresas globales exigen acceso a energía limpia para instalar operaciones, el tema deja de ser ambiental y se convierte en un factor económico.
No se trata de una fórmula libre de riesgo. México necesita más electricidad y con menos trámites y también necesita elevar la participación de energías renovables del 24% al 38%.
Pero el anuncio no es la panacea. Generar más electricidad no resolverá el problema estructural porque México arrastra rezagos importantes redes de transmisión y distribución. Construir nuevas plantas sin ampliar las redes puede generar cuellos de botella.
Ahora bien, aunque los inversionistas perciben el regreso a oportunidades, el esquema mantiene a la CFE como actor predominante, así que las reglas de operación tendrán que ser muy claras.
Porque al final la electricidad no entiende ideologías. Entiende de demanda, infraestructura y capacidad instalada. Y cuando la necesidad de energía crece más rápido que las soluciones alcanzar la soberanía energética no es viable.
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