El tipo de decisiones adoptadas por la presente administración en el sector energético y, específicamente en el sector eléctrico, ha venido enfrentando obstáculos en el plano legal institucional al haber trastocado claramente y, desde un inicio, el espíritu y la letra de la reforma energética de segunda generación concebida en la administración anterior (2013-2014).
En efecto, esta administración comenzó con el pie izquierdo al adoptar medidas por demás cuestionables, desde la cancelación de subastas eléctricas de largo plazo, las licitaciones de infraestructura de transmisión, el cambio de reglas en los certificados de energía limpia y los acuerdos de Cenace y la política de confiabilidad de Sener en plena pandemia, hasta la malograda reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la funesta intentona de reforma constitucional hace exactamente un año.
La parálisis administrativa en la gestión de trámites a cargo del órgano regulador no tiene parangón en la historia reciente del sector. Hay que decirlo con todas sus letras, esta falta de gestión administrativa ha causado y continúa causando la destrucción de valor en el sector y daños y perjuicios de los que tarde o temprano alguien habrá de responder.
Y ni qué decir acerca de la encrucijada en la que esta desafortunada serie de medidas tiene al gobierno frente a sus socios comerciales. Preocupante, intricado y doloroso ha resultado el proceso para que la administración actual entienda a cabalidad y de una buena vez que a partir de la reforma energética el sector quedó protegido en forma integral y de manera transversal en todos los capítulos aplicables del T-MEC, que incluyen temas de protección a inversiones, empresas del estado, competencia económica, propiedad industrial, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias.
La paciencia se agota y estamos claramente en el umbral el establecimiento de un panel que seguramente resultará condenatorio de las medidas adoptadas por este gobierno con las consecuentes sanciones en materia arancelaria, y que podría alentar además el inicio de acciones de defensa inversionista-Estado, abriendo el riesgo de un boquete más en las finanzas públicas.
Más allá del plano legal institucional y de la violación a obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano en el contexto internacional en materia medio ambiental y comercial, y de las contingencias y responsabilidades que todo lo anterior ha generado y podría seguir generando (incluso para la administración siguiente), el daño reputacional está hecho y, más grave aún, todo esto representa un imperdonable retraso en el avance a la modernidad, la atracción de inversiones y generación de empleos y lo que la realidad y la tendencia internacional marcan claramente como el camino a la sustentabilidad.
El sector energético, y más específicamente el sector eléctrico ha experimentado una dramática disminución de inversión equivalente a 88% entre 2018 y 2021.
El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL por sus siglas en inglés) realizó recientemente estudios detallados en la región norteamericana, de los que se desprende que México tiene la capacidad suficiente para satisfacer más de cien veces las necesidades eléctricas totales del país, siempre y cuando acuda a los mecanismos de inversión de la mano del sector privado para hacer las inversiones una realidad.
La demanda de electricidad crece por lo menos 3% cada año y en México prácticamente no se otorgan permisos, no se construye infraestructura de transmisión, no se inauguran nuevas plantas y no existen proyectos nuevos de generación.
Es momento de volver la mirada al camino de la sensatez y la sustentabilidad, de la consolidación de un ambiente propicio para la inversión y la generación de empleos de calidad a partir de la certidumbre jurídica y la congruencia entre políticas públicas y compromisos internacionales.
